Independència/Independencia

Como siga el caos eléctrico, ferroviario, aeroportuario y circulatorio de la conurbación de Barcelona me temo que no va a hacer falta que Esquerra Republicana de Catalunya y/o el sector soberanista de Convergència i Unió salga a pasear la cuatribarrada para pedir la independencia del Principado. Dentro de poco, serán los sufridos ciudadanos, castigados por la mala gestión de los Gobiernos catalán como del central, los que se echarán a la calle para clamar por la independencia. Porque el ánimo secesionista se fomenta no con el recurso a etéreos imaginarios colectivos sino cuando se lesiona gravemente el interés general.

La grave crisis de servicios públicos que sufren los cerca de cuatro millones y medio de habitantes del área metropolitana barcelonesa son la muestra de la inoperancia de un sistema y unas políticas poco o nada respetuosas con el ciudadano, entendido como un paria, un ilota, que sólo debe limitarse a pagar y a callar. Ciertamente, el problema viene de lejos. Durante los 22 años de gobierno del pujolismo, la lenidad de éste, en el ámbito de sus competencias, con las compañías fuesen eléctricas, de transportes o concesionarias de autopistas son casi propias del “Manual del perfecto déspota apocado”.  Jordi Pujol dio muchísima más importancia a la satisfacción de los empresarios que, incluso, al propio debate identitario, y al tradicional victimismo frente al Poder central.

Por si fuera poco, desde el último gobierno de Felipe González hasta fecha de hoy, la inversión pública en infraestructuras básicas de transporte y suministros energéticos en Catalunya ha sido como para echarse a llorar. Primero González, luego José María Aznar –el que en 1997 decía hablar el catalán en la intimidad--  y, ahora, José Luis Rodríguez Zapatero dejaron de cumplir con sus obligaciones con quienes generan casi el 23% del PIB español. González y Aznar, con sus dos mandatos, consumieron doce estériles años. Rodríguez Zapatero ha desperdiciado los tres últimos.

De ahí que resulte un claro insulto a la inteligencia la petición de paciencia que ayer realizó Magdalena Álvarez, ministra de Fomento. Su comportamiento raya la idiocia –y no es un insulto, sino la constatación de un hecho palpable, el de la ineficacia reiterada de la señora Álvarez y su escaso o nulo, por decir algo don de gentes—amén de una patosa forma de mentira. Porque, tanto el área de Industria y Energía como en la de Fomento, con independencia de los distintos titulares de esas carteras, en los escalones técnicos superiores han contado con los mismos funcionarios e idénticos programas, sin más renovaciones que las provocadas por las jubilaciones al llegar a la edad reglamentaria (otro tanto cabe decir de las fementidas Aena, Renfe y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). Y esta circunstancia ni siquiera sirve para la habitual política de parcheo a la que tan aficionados son el Gobierno de Rodríguez Zapatero y los anteriores gabinetes.

Difícilmente se dará en Barcelona un Corpus de Sang, con airados segadores esgrimiendo afiladas hoces, como en el siglo XVII, y cantando eso de que “El Rei, nostre senyor, ens ha declarat la guerra”. Porque, a día de hoy, no es Don Juan Carlos quien ha declarado la guerra a los metropolitanos barceloneses. No es el Rey. Es el Gobierno, con la ministra de Fomento al frente. Rodríguez Zapatero no tiene un conde-duque de Olivares, le basta con tener a Magdalena Álvarez, que está demostrando ser mucho más dañina no sólo para Cataluña, sino para Galicia y, por descontado, para las buenas expectativas electorales, a ocho meses vista, del PSOE, su propio partido. Eso por un lado.

Porque por el otro, por el catalán, más le vale a José Montilla, presidente de la Generalitat, hacer honor a los solemnes compromisos que asumió en su investidura, sirviendo a sus ciudadanos. Ni el Gobierno tripartito de la plaza de Sant Jaume, ni el PSC pueden esconder la cabeza bajo el ala. Las políticas energéticas, de infraestructuras viarias y de transportes aéreos y ferroviarios del Gobierno de ZP son desastrosas e insuficientes para Cataluña. Y es el Gobierno catalán dentro de los marcos constitucional y estatutario quien debe enfrentarse a La Moncloa. Es el mandato que ha recibido de los ciudadanos de Cataluña. Y está obligado a ceñirse a él.

[Estrambote obligadamente personal: el columnista es miembro del Col.legi de Periodistes de Catalunya, y sigue siendo militante de base del PSC. Pero el columnista está hasta la coronilla de que sus desplazamientos, tanto terrestres como aéreos entre la Galicia de su residencia y la Barcelona de sus querencias e intereses varios se transformen en caóticas odiseas. Un desplazamiento, mal que le pese a la señora Álvarez, no tiene porque ser un deporte de riesgo. Como tampoco un desplazamiento debe llevar aparejados más costes que los del precio de los correspondientes billetes. Pues ni por esas, doña Magdalena. Que llevamos casi año y medio así]