La Comunidad de Madrid presentó este lunes un recurso en el Tribunal Constitucional para defender sus competencias en vivienda y urbanismo frente a la Ley del Suelo aprobada por el Ejecutivo nacional el 28 de mayo. Tres viceconsejeros autonómicos acudieron al juzgado para registrar el escrito en el que se impugnan hasta nueve preceptos de la norma estatal.
Los viceconsejeros de Vivienda, Medio Ambiente y Vicepresidencia, Juan Blasco, Manuel Beltrán y Salvador Victoria, respectivamente, fueron los encargados de presentar el recurso a la Ley del Suelo del Ejecutivo nacional en el Tribunal Constitucional. La norma fue calificada de "atentado a la propiedad privada" por Victoria, quien aseguró que "parece que la nueva Ley del Suelo promovida por Zapatero quiere volver a los modelos de acceso a la propiedad de Stalin".
La prioridad de las empresas constructoras para ejecutar los desarrollos urbanísticos sobre los derechos de los propietarios y la reducción al 30 por ciento del suelo destinado a vivienda protegida, frente al 50 por ciento fijado por la Comunidad, son los dos puntos en los que se centra el escrito que el Tribunal Constitucional deberá estudiar para decidir si procede su admisión a trámite.
Según explicó Victoria, la norma estatal vulnera las competencias autonómicas, "otorgadas por la Constitución y el Estatuto", y atenta contra la propiedad privada en cuanto las empresas constructoras o la gestión pública tendrán preferencia para realizar las obras de urbanización frente a los propietarios del suelo.
"La Comunidad entiende que la nueva Ley del Suelo está atentando contra los derechos de los ciudadanos y el derecho a la propiedad privada en cuanto que establece como sistema general y preferente de la ejecución de los planes urbanísticos la expropiación forzosa, es decir, que deja con carácter residual el derecho de los propietarios y otorga preferencia a la gestión pública y, lo que es peor, a las empresas constructoras", dijo Victoria. Según la Comunidad, esta exigencia de la Ley provocará el encarecimiento de los precios de la vivienda.
Asimismo, la norma estatal reserva un 30 por ciento del suelo urbanizable a vivienda protegida, mientras la regional establece que ese margen sea del 50 por ciento. Una exigencia que, para la Comunidad, supone una "flagrante intromisión en las competencias autonómicas". En relación a este aspecto, Victoria recordó que el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias y especialmente en la 61/1997 viene a fijar que se trata de una competencia autonómica.
Por su parte, el viceconsejero de Vivienda, Juan Blasco, expresó su extrañeza ante "las atribuciones que se subroga el Ministerio, pues no se ven traducidas en una eficacia en la producción de vivienda protegida". Blasco recordó que, frente a las 14.000 viviendas de protección oficial iniciadas por la Comunidad en 2007, la eficacia del Ministerio es "nula", y aseguró que la primacía en materia de vivienda de la Comunidad es penalizada por el Estado. "Se nos niega el Plan de Vivienda Joven, nos traspasan tarde los fondos públicos. Es una zancadilla constante en temas de vivienda protegida, por lo tanto no se entiende esta injerencia", aseveró el viceconsejero.
Otras exigencias
La Comunidad también destacó que la norma estatal exige que los patrimonios públicos de suelo se destinen a la construcción de viviendas protegidas u otros fines sociales, de protección o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural, imponiendo así a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos un uso determinado de sus terrenos.
Además, la legislación estatal detalla los casos en los que las administraciones locales podrán sustituir las entregas obligatorias de suelo para vivienda protegida por otras formas de cumplimiento de esta obligación como es el pago en metálico, incidiendo de nuevo en la política de vivienda de la Comunidad, según señala el Ejecutivo regional.
Otra intromisión en las competencias en materia urbanística denunciada por la Comunidad es que la norma atribuye al Estado la facultad de coordinar a las administraciones autonómica y municipal para imponer un sistema público de información al ciudadano sobre suelo y urbanismo, cuando ya existen
mecanismos de información al público en los procedimientos regionales de
elaboración de los planes urbanísticos.
La Comunidad también ha considerado una interferencia en sus funciones el grado de detalle con que la Ley estatal cita los documentos que han de ser sometidos a información pública. Además, la nueva norma del Gobierno central incide en la capacidad de auto-organización de la administración regional al exigir un informe de
sostenibilidad económica de los desarrollos urbanísticos.
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