En el mes de mayo del año pasado,
el Pleno Municipal aprobó el ingreso de Guadalajara en la red de las "ciudades
inteligentes" o "Smarts cities", que es su denominación en inglés. La
experiencia nos ha enseñado que el ingreso en este tipo de redes municipales
tiene mucho más de propaganda y de marketing que de utilidad real para el día a
día en nuestras ciudades. No obstante, dimos un sí crítico a que Guadalajara se
incluyera en esta red de ciudades inteligentes porque compartíamos el
planteamiento teórico, que se resume en que gracias a las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación se puede obtener una ciudad que se gestiona de
forma más eficiente.
La primera fase para caminar
hacia esos objetivos es la creación de una infraestructura de comunicaciones,
que nos va a permitir posteriormente, y entre otras cosas, un ahorro en la
gestión de los diferentes servicios municipales.
En ese sentido, Rivas-Vaciamadrid
es una de las ciudades más avanzadas en el mundo, como acredita el hecho de que
fue finalista en los premios Smart City Awards 2011 por detrás de la ciudad
japonesa de Yokohama. Rivas-Vaciamadrid dedicó 8 millones de euros en 8 años a
inversiones de este tipo (entre ellas 200 km. de fibra óptica) que ahora le
permiten una gestión mucho más eficiente de sus servicios que se traducen en
importantes ahorros y eso que de momento, el nivel de uso de dichas
infraestructuras es del 20%.
Por eso cuando el alcalde de Guadalajara,
Antonio Román, y su equipo de
Gobierno del PP pretenden vincular el 'macrocontrato' con la puesta en marcha
de una ciudad inteligente, una ciudad "smart", están engañando a sabiendas a
los ciudadanos. Si no se ha llevado a cabo ninguna inversión relevante en las
redes de comunicación, que es la base fundamental, no cabe duda de ello y se
está utilizando el término "smarts cities" para vender otra cosa totalmente
diferente: el macro contrato. La unificación de los servicios de limpieza
viaria, recogida de residuos, alumbrado público, limpieza y mantenimiento de
zonas verdes, semáforos, alquiler de bicicletas, desratización, y otros, no
tiene nada que ver con las ciudades inteligentes, por mucho que diga toda la
propaganda y por mucho que el alcalde se desgañite tratando de convencernos de
lo contrario. No es más que un camelo.
El macro contrato obedece a unos
intereses muy claros y es por eso precisamente por lo que el PP y el alcalde de
Guadalajara recurren al camelo. Y ¿cuáles son esos intereses? Pues muy
sencillo, los de las grandes empresas de este país, controladas por las grandes
fortunas y la banca, que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria han visto
en las concesiones administrativas de los servicios públicos la forma de
continuar haciendo negocio. De ahí que el PP haya iniciado la reforma local
para centralizar los servicios de los pequeños ayuntamientos en las
Diputaciones y de ahí que hayan intentado implantar este modelo de contrato en
determinados Ayuntamientos, que supone un montante económico tan grande que
solo unas pocas empresas puedan acceder a él, excluyendo de paso a empresas más
pequeñas.
No estamos hablando pues de una
cuestión local de Guadalajara, sino de una estrategia de partido, una
estrategia del PP, en la que nuestra ciudad es simplemente un conejillo de
indias y que al final, y gracias a nuestro recurso, se ha convertido en una
china en el zapato. Unos días antes de la resolución del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) el presidente de la
FEMP pedía al Gobierno la modificación de la Ley de Contratos: blanco y en
botella. Lo veía venir.
Por otra parte, si no estamos
hablando de una cuestión local, resulta que el Alcalde de Guadalajara, Antonio
Román y su equipo de Gobierno han puesto por delante de los intereses de
nuestra ciudad la estrategia de su partido, el Partido Popular, un partido que
por lo que se está sabiendo ahora de forma fehaciente, ha sido financiado
irregularmente, directa o indirectamente, por empresas de este tipo, empresas
que acaban exigiendo su parte del botín y el botín son los servicios públicos,
en este caso los de los Ayuntamientos.
Decía el alcalde que con el 'macrocontrato' se permite una gestión integral de los servicios públicos, que esto permite
el ahorro de recursos económicos y que esto a su vez repercutirá en los
ciudadanos que soportarán menos impuestos. Habida cuenta de la experiencia que
tenemos con las empresas que prestan los servicios municipales actualmente, que
incumplen de forma sistemática sus contratos y que solo la presión de la
oposición es capaz de forzar al Gobierno municipal a hacérselos cumplir, no
creo yo que una empresa que controle los servicios municipales más importantes,
que acabaría teniendo más poder real que los órganos políticos, a la larga
resulte más barata.
La experiencia nos dice que al final los terminará
gestionando en función de sus propios intereses. Pero si el Alcalde piensa que
agrupando los servicios municipales se podrían producir ahorros tan importantes,
ahora que el Tribunal de Contratación le ha dicho que no se puede hacer como él
quería, le invitamos a que los preste de una manera que sí le permite la
legalidad actual, mediante gestión directa. Seguramente no tendría un fracaso
tan estrepitoso como el del macro contrato y, además, tendría nuestro modesto
apoyo si tomase esa decisión.
José Luis Maximiliano
Romo
Concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de
Guadalajara