El Ministerio de Educación ha mandado esta tarde a los sindicatos su propuesta genérica de bajada de ratios. El departamento que lidera Pilar Alegría ha propuesto reducir hasta 22 el número máximo de estudiantes por aula en Primaria (ahora son 25) y a 25 en la ESO (desde los 30 actuales) lo que tendría carácter general para toda España, de acuerdo a lo que adelanta 'El País'.
Dentro de la misma normativa que el Gobierno quiere modificar, la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, también se mete la prometida rebaja de las horas lectivas máximas que tiene que impartir el profesorado, que va a bajar a 23 horas en Primaria y 18 en Secundaria. Esta medida va a afectar a pocas comunidades autónomas, porque la mayoría de ellas ya se encuentran en esas cifras.
Respuestas al profesorado
Si el Gobierno consigue sacar adelante esta reforma; al ser una ley que tiene que pasar por el Congreso, lo que implica que el Ejecutivo necesita conseguir apoyos; podría dar respuesta a dos de las principales reivindicaciones del profesorado, que viene demandándolas desde que se aprobó la Lomloe en 2020.
Hace dos semanas Educación informó a las organizaciones sindicales de su intención de rebajar las ratios, pero solo había dejado caer algunas ideas generales: lo haría sobre todo en las aulas con alumnado más desfavorecido, en los centros situados en entornos socioeconómicamente más vulnerables y en los cursos de transición entre etapas (de la Primaria a la ESO es un paso crítico para el alumnado). También se metía un anuncio más genérico de una bajada generalizada.
Café para todos
Al final, el ministerio se ha decidido este martes por el café para todos. "El tamaño de los grupos de clase es un tema central en el debate educativo y una preocupación clave para las escuelas, las autoridades educativas y las familias. Hay una percepción generalizada de que las clases más pequeñas son una oportunidad para que los docentes brinden una atención más individualizada, reduzcan el tiempo dedicado a la gestión del aula y adapten mejor su enseñanza a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, beneficiando especialmente a los estudiantes que proceden de entornos ocioeconómicos desfavorecidos", justifica en el anteproyecto de ley que ha presentado a los sindicatos.
El texto mete además, en su segundo artículo, una referencia a que la escuela que forma parte de la red pública y "a fin de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que se adapte a las características individuales de aquel alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, las Administraciones educativas procurarán una distribución equilibrada de dicho alumnado entre los centros sostenidos con fondos públicos", en lo que suena a un intento más de que la escuela concertada (que es parte de la red pública por recibir financiación del estado) se quede con la parte del alumnado con necesidades educativas especiales que le corresponde y que no está matriculando.
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