Durante la última década, el paisaje político de la izquierda occidental ha experimentado una profunda y, para muchos, desconcertante transformación. Un segmento significativo de lo que podríamos denominar "izquierdas oficiales" —aquellas con representación institucional y acceso a los grandes medios de comunicación— parece haber realizado un giro estratégico, desplazando su foco central desde la lucha de clases y la redistribución económica hacia una agenda más centrada en la política identitaria y lo que se ha dado en llamar "cultura woke". Este viraje, lejos de ser una mera evolución, constituye en la práctica un abandono histórico de su base electoral y social natural: la clase trabajadora.
España representa un caso paradigmático de este fenómeno. La llegada al gobierno de coaliciones de centro-izquierda e izquierda, primero con el PSOE-Podemos y después con el PSOE-Sumar, generó expectativas de un cambio de rumbo en las políticas económicas y sociales que tanto castigan a las mayorías sociales. Sin embargo, una mirada fría a los hechos revela una realidad tozuda: las grandes cuestiones estructurales que afectan a la clase trabajadora siguen sin resolverse e, incluso, en algunos aspectos, se han agravado. Lejos de ser un faro de esperanza, la experiencia de gobierno de estas fuerzas ha demostrado la profunda desconexión entre su retórica y su capacidad —o voluntad— para implementar políticas transformadoras que pongan freno al poder del capital.
La Crisis de Subsistencia: Inflación, Carencia y Especulación Desatada
El terreno más básico donde se mide el compromiso con el bienestar de la clase trabajadora es el de la subsistencia material. Y es aquí donde el fracaso es más estruendoso. La carestía de la vida se ha convertido en una losa para millones de familias.
La inflación, aunque haya moderado su pico más agudo, ha dejado una huella imborrable en la cesta de la compra. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de los alimentos llevan más de dos años registrando incrementos interanuales muy por encima del IPC general. Productos de primera necesidad se han convertido en artículos de lujo para muchos. El caso del aceite de oliva es emblemático: su precio se disparó más de un 50% en 2023, un aumento sin precedentes impulsado por una mala cosecha, pero sobre todo, por la especulación en los mercados internacionales y la cadena de distribución. El gobierno, lejos de tomar medidas contundentes como establecer precios máximos temporales o intervenir en la cadena para acabar con los márgenes abusivos, se limitó a eliminar temporalmente el IVA, un parche que no contuvo la sangría.
Pero el problema es sistémico, no puntual. El pollo, una de las principales fuentes de proteína para las familias con menos recursos, ha visto cómo su precio se incrementaba de forma sostenida. Lo mismo ocurre con frutas y hortalizas. Un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señalaba recientemente que el precio de la fruta se ha encarecido un 40% de media desde 2021, situándola en muchos casos fuera del alcance de los bolsillos más modestos. Esta espiral inflacionista no es un fenómeno natural; es el resultado de la concentración de poder en la gran distribución alimentaria, la especulación en los mercados de materias primas y la pasividad de un gobierno que, teniendo herramientas legales, opta por la no intervención en nombre de la "libertad de mercado". Mientras, las grandes cadenas de supermercados continúan anunciando beneficios récord.
La Vivienda: Un Derecho Constitucional Convertido en Quimera
Si la alimentación es una crisis, la vivienda es una catástrofe social de primer orden. La especulación desatada en el sector inmobiliario es quizás la muestra más clara de la derrota ideológica de las "izquierdas oficiales". El problema es doble: el precio de la compra es inalcanzable y el alquiler se ha vuelto una forma de extorsión.
La Ley de Vivienda que Podemos impulsó como gran logro de su etapa en el gobierno ha resultado ser, un fiasco. Sus objetivos eran ya de por sí modestos —limitar parcialmente el precio del alquiler en zonas tensionadas—, pero ni siquiera ha conseguido cumplirlos. La aplicación depende de las comunidades autónomas, generando un mosaico desigual e ineficaz, y los mecanismos de control son tan débiles que los grandes tenedores de viviendas encuentran fácilmente formas de eludirlos. La ley no ha enfriado el mercado; al contrario, el precio medio del alquiler en España sigue batiendo récords trimestre a trimestre, superando ya los 12 euros/m², según algunos portales inmobiliarios.
El gran elefante en la habitación, la ausencia absoluta en la agenda gubernamental, es la construcción masiva de vivienda pública. En países como Austria o Dinamarca, el parque de vivienda social ronda el 20-25% del total. En España, no llega al 3%. Esta es la única medida estructural que puede, de verdad, equilibrar el mercado y garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. Sin embargo, el gobierno de Sánchez, con Sumar en su seno, no tiene un plan ambicioso para revertir cuatro décadas de políticas que han tratado la vivienda como un negocio y no como un derecho. No se plantea expropiar solares, crear un parque público con fondos estatales o nacionalizar grandes fondos buitre, medidas que sí forman parte del imaginario de una izquierda verdaderamente transformadora. Tampoco se atreve a intervenir a las Comunidades Autónomas que están violando leyes, privatizando todo e incumpliendo sus propias obligaciones. La Constitución vigente es inservible.
Las consecuencias son devastadoras. Las familias trabajadoras no pueden optar a comprar una vivienda, y los jóvenes, incluso con empleos estables, se ven condenados a una precariedad residencial perpetua, destinando más del 50% de sus ingresos al alquiler o viéndose obligados a permanecer en el hogar familiar hasta edades impensables hace una generación. Esta situación es especialmente grave en comunidades autónomas gobernadas por el PP y, cada vez más, por el PP y Vox, donde las políticas de desregulación y favorecimiento del gran capital inmobiliario son aún más descarnadas. Pero la incapacidad del gobierno central para plantar cara a este problema, para defender lo público frente a lo privado, legitima y consolida este modelo depredador.
El Gran Divorcio: La Agenda "Woke" vs. Las Preocupaciones Materiales
¿A qué se debe esta parálisis? Una explicación fundamental reside en el desplazamiento de la agenda. Mientras la clase obrera se ahoga con las facturas y el alquiler, una parte significativa de la "izquierda oficial" y sus ecosistemas mediáticos y académicos afines dedican una energía desproporcionada a debates culturales e identitarios de enorme complejidad semántica, pero de impacto material limitado para quien lucha por llegar a fin de mes.
No se trata de negar la importancia de la lucha contra el racismo, el machismo o la LGTBIfobia. Son batallas legítimas y necesarias. El problema surge cuando se convierten en el eje central de la acción política, sustituyendo a la lucha de clases, o cuando se abordan desde un prisma liberal que prioriza el lenguaje, la representación simbólica en los consejos de administración o las políticas de diversidad corporativas, por encima de la redistribución de la riqueza y el conflicto con el poder económico.
Esta "izquierda woke" o "izquierda de salón" ha terminado por hablar un lenguaje que le resulta ajeno e incomprensible a la mayoría de la clase trabajadora, incluyendo a un amplio sector de esa misma clase que forma parte de los colectivos cuya opresión dice defender. Para un joven precario en un polígono industrial, para una familia que tiene que elegir entre poner la calefacción o comprar libros para el colegio, las discusiones abstractas sobre micromachismos, lenguaje no binario o la deconstrucción de privilegios suenan, en el mejor de los casos, como un lujo distante. En el peor, como un desprecio a sus problemas reales.
El resultado es un divorcio creciente. Esta “izquierda” se ha ido conformando con una base social más reducida, compuesta por sectores de las clases medias urbanas ilustradas, mientras pierde pie en los barrios obreros y las zonas rurales. Abandona el sindicalismo de clase, el asociacionismo vecinal y la defensa férrea de los servicios públicos universales, y en su lugar, construye su relato en las redes sociales y en los suplementos culturales de los periódicos. Es una izquierda que se siente cómoda en un ministerio o rompe la baraja por no tenerlo, pero que ha olvidado cómo se habla en una fábrica o en un mercado.
Conclusión: La Urgencia de Recuperar la Brújula de Clase
La experiencia española del gobierno de coalición PSOE-Podemos/Sumar es la crónica de un desencuentro anunciado. Demuestra que acceder al gobierno sin tener la hegemonía cultural y sin la fuerza social suficiente para doblegar los intereses del capital es una receta para la frustración y, lo que es peor, para la desmovilización y el desencanto.
Las "izquierdas oficiales" y woke han abandonado a la clase obrera siendo tolerantes, por un error de diagnóstico estratégico e importar ideas de las universidades de los EEUU y anglosajones en conjunto que son realmente liberales, pero ni son sociales, ni menos socialistas. Creen que la batalla cultural es la batalla principal, cuando en realidad es una batalla derivada de la lucha material. Un trabajador sin derechos laborales, sin vivienda y con dificultades para alimentar a su familia es un terreno abonado para el discurso reaccionario, por muy "correcto" que sea el lenguaje de la izquierda pequeño burguesa que nos domina.
La salida a esta encrucijada no pasa por abandonar las luchas contra la discriminación, sino por subordinarlas y articularlas dentro de un proyecto político y económico de clase mucho más amplio y ambicioso. Un proyecto que tenga como eje central la recuperación de la soberanía: alimentaria, frente a la especulación; de la vivienda, frente a los fondos buitre; energética, frente a las multinacionales; y productiva, frente a la deslocalización.
Urge una izquierda que vuelva a mirar a los ojos de la clase trabajadora, que hable de salarios, de precios, de alquileres y de pensiones. Que recupere la bandera de lo público y lo común frente a la privatización de la vida. Que se atreva a nombrar al enemigo: el capital financiero y especulativo. Es decir, una izquierda que, en definitiva, tenga el coraje de volver a ser lo que nunca debió dejar de ser: la voz y el instrumento de las mayorías sociales frente a los privilegios de una minoría. El futuro de la propia izquierda, y lo que es más importante, el bienestar de las clases populares, dependen de ello. A todo esto encima se suma las imposiciones de la Unión Europea que son destructivas y profundamente dañinas para las clases trabajadoras. Una UE que nos roba la soberanía y de esta forma destruye nuestra agricultura y hace prohibitiva la ganadería familiar, cierra la minería, deslocaliza la industria y todo el sector productivo y solo dedica España al turismo con trágicas consecuencias.
La derecha y la extrema derecha avanzan en los barrios y pueblos y entre los jóvenes gracias a la cultura woke y a no tener claro quién es el enemigo, no saber que es el capitalismo y sus secuelas. El todos son iguales, puede ser injusto, pero por desgracia ante los problemas de pan, salud, educación, techo y trabajo es cierto Por eso es imprescindible levantar la voz frente a toda esta tribu de vividores y vividoras y plantear sin miedo una nueva articulación de políticas internacionales y comerciales. Pero por si esto no fuera poco, nos quieren meter en una guerra. La guerra de la OTAN, el imperio e Israel contra el mundo.
Si (
No(
