España puede afirmar con legitimidad que cuenta con una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de igualdad. Desde el impulso reformista de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero -con la Ley contra la Violencia de Género (2004) y la Ley de Igualdad (2007)- hasta los recientes avances en representación paritaria, nuestro país ha situado los derechos de las mujeres en el corazón del proyecto democrático.
Ese recorrido no fue casual. Se sostiene sobre una genealogía cívica que comenzó cuando Clara Campoamor defendió el sufragio frente a la incomprensión de su tiempo; cuando Victoria Kent impulsó una modernización institucional valiente; y cuando María de Maeztu entendió que la emancipación real solo germina desde la educación. España no improvisó su feminismo: lo construyó.
Sin embargo, este 8-M debe ser, ante todo, un examen de coherencia. Tenemos leyes de vanguardia, pero seguimos llegando tarde a la prevención. La igualdad no fracasa en el BOE; se debilita cuando la cultura cotidiana no acompaña a las normas. Esa cultura se fragua en el imaginario de nuestros jóvenes mucho antes de que intervenga un juez. La realidad es tan incómoda como urgente: el acceso temprano a la pornografía está sustituyendo a la educación afectiva, convirtiéndose en un problema de salud pública que construye deseos basados en el dominio y no en el disfrute compartido.
No se trata solo de un acceso temprano a contenidos explícitos, sino de la colonización del imaginario: la pornografía industrial está codificando el deseo de nuestros jóvenes bajo un patrón de sumisión, donde el placer se construye sobre la deshumanización de la mujer. Educar en igualdad hoy pasa, inevitablemente, por romper esa narrativa que convierte el encuentro sexual en una jerarquía de dominio. Si no ofrecemos una alternativa basada en la ética del cuidado y la reciprocidad, permitiremos que el mercado más feroz dicte los códigos afectivos de nuestra democracia.
Esta falta de pedagogía a la altura del reto nos obliga a mirar casos como el de Gisèle Pelicot, recientemente condecorada en España, que ha vuelto a situar el consentimiento en el centro del debate global. Su valentía nos lanza una pregunta colectiva: ¿Qué estamos haciendo para que las nuevas generaciones interioricen que el cuerpo de la mujer no es un territorio a conquistar? Esa cultura de la violación que Pelicot ha denunciado en el corazón de Europa es la misma estructura de control que el régimen de Teherán pretende aniquilar mediante la represión. Por eso, nuestra exigencia de coherencia trasciende hoy lo doméstico para situarse en el tablero internacional.
En un contexto convulso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha situado la política exterior feminista como un eje de Estado. Mientras las mujeres iraníes resisten la opresión, España lidera en los foros internacionales la denuncia contra la vulneración de sus derechos. Esta posición se hace hoy más visible que nunca: frente a la política de confrontación, España ha recuperado con firmeza el "No a la Guerra". Entendemos que la paz es una condición sine qua non para el feminismo; por ello, nuestra presencia militar en el Mediterráneo responde a una lógica de protección y legalidad internacional, diferenciando claramente el auxilio al agredido de la participación en el ataque.
Esa misma convicción es la que hoy defendemos en nuestra tierra. En plena campaña electoral, el candidato socialista a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha demostrado en el reciente debate que el feminismo no es un accesorio, sino un motor de gobierno. Su compromiso de crear una Consejería de Igualdad y reforzar los centros de ayuda a la mujer es la respuesta necesaria frente a quienes pretenden invisibilizar la violencia de género o mercadear con nuestros derechos.
Al igual que en casa sostenemos que el castigo penal llega tarde sin base cultural, en el exterior defendemos que la paz no se impone con bombardeos, sino con la pedagogía del derecho. Ni la igualdad se garantiza sólo con sentencias, ni la libertad de las mujeres se logra con misiles.
Resulta llamativo el silencio de una derecha que parece haber perdido la brújula de la soberanía. Mientras el Partido Popular se pone de perfil ante el unilateralismo y la ultraderecha abraza una retórica belicista, el Gobierno demuestra que ser un aliado fiable no significa ser un aliado sumiso. No se puede ser feminista los domingos y pedir el bombardeo de pueblos los lunes. Quienes hoy critican nuestra prudencia diplomática son, a menudo, los mismos que boicotean la educación sexual, demostrando que su concepto de "libertad" es tan frágil como sus convicciones.
Si defendemos la autonomía de las mujeres frente a la teocracia, debemos ser igual de ambiciosos frente al machismo digital en nuestras aulas. Es hora de abrir un debate sereno sobre la incorporación de una asignatura obligatoria de Educación Sexual en la Secundaria. No como un gesto ideológico, sino como una política de libertad que garantice el derecho de nuestros menores a no ser educados por algoritmos de sitios web de dudosa ética. Necesitamos una asignatura que aborde el respeto al cuerpo, la gestión emocional y la ética del consentimiento.
Además, debemos integrar a los hombres en esta conversación. Muchos jóvenes crecen bajo mensajes contradictorios sobre la masculinidad. Necesitamos una educación que les permita construir identidades donde la hombría no se mida por el dominio, sino por la empatía. Si la escuela pública no ocupa ese espacio de referencia, los discursos de odio de la "machosfera" lo harán por nosotros.
El 8M es memoria, pero sobre todo es responsabilidad compartida. La igualdad legal es la condición necesaria, pero la educación es la condición suficiente. Solo siendo coherentes entre lo que enseñamos en casa y lo que defendemos en el mundo, España podrá seguir mirando de frente a las mujeres de Irán y a nuestras propias jóvenes. Decía Clara Campoamor que "la libertad se aprende ejerciéndola". Empecemos a ejercerla en las aulas para que el respeto sea nuestra forma de vivir y de entender el mundo.
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