En la desgarradora guerra que el pobre pueblo colombiano soporta desde hace ya cuatro décadas, todo tipo de atrocidades han sido cometidas. Ha habido militares de línea terribles, fuerzas paramilitares derechistas sanguinarias y guerrilleros comunistas asesinos. En algún momento, unos y otros se han valido de la vesania sin límites de los narcotraficantes. Y todos, sin excepción, han violado flagrantemente los más elementales derechos humanos.
Nadie puede, pues, sacarse culpas en esta masacre generalizada, en la que todos los colombianos se han visto envueltos y miles de ellos han perdido sus propias vidas o las de sus familiares más queridos. Una desgracia colectiva tan extendida en el espacio y en el tiempo tiene, necesariamente, responsabilidades repartidas por todos lados.
No obstante, con el transcurso de la historia, las cosas se han ido acomodando de tal modo que, en la actualidad y desde hace varios años, Colombia tiene a un gobierno democrático, con altísima popularidad, respetuoso de la ley y de la separación de poderes; un gobierno que le ha declarado la guerra a todos los delincuentes: a los paramilitares, a los narcotraficantes y a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ante ese panorama, las FARC de Manuel Marulanda, apodado ‘‘Tirofijo”, siguen en las montañas colombianas luchando en procura de derrocar a un gobierno legítimo para imponer una dictadura comunista. Son, de hecho, unos viejos dinosaurios a quienes les importa un rábano la evolución del mundo en los últimos 40 años, así como ‘‘pequeños asuntos” como la caída del Muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética o el monumental fracaso de la ‘‘revolución cubana”. No sólo no les importa nada de eso sino que, además, ahora sus principales aliados son gente de la peor ralea: los narcos.
Por eso, suenan huecas e, incluso, grotescas ciertas palabras que osan poner en su boca cuando deciden abrirla. El pasado 4 de abril, cuando se negaron a recibir a una misión de médicos franceses para que revisaran el estado de salud de Ingrid Betancourt, una de las tantas personas secuestradas que mantienen en las peores condiciones imaginables, el ‘‘Secretariado del Estado Mayor Central” de las FARC reivindicó como ‘‘un gesto de generosidad’’ su decisión ‘‘unilateral” de liberar, unas semanas antes, a seis rehenes que habían raptado hace años. Las FARC se atrevieron allí a hablar de ‘‘humanitarismo” y de ‘‘paz”, luego de haber pisoteado la humanidad concreta de miles y miles de colombianos con la guerra brutal que continúan desarrollando, con el estímulo desembozado de Hugo Chávez —a quien, por cierto, agradecieron por su ‘‘persistente labor humanitaria”— y el apoyo menos explícito pero igualmente deleznable de los peones más visibles del comandante venezolano: Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) y Daniel Ortega (Nicaragua). Y, colmo de los colmos, trataron de ‘‘desalmado” al presidente Alvaro Uribe que, por cierto, representa al poder legal y legítimo en Colombia, frente al poder ilegal, antidemocrático y descarnadamente chantajista de las FARC.
Convengamos en que, en Colombia, nadie puede pasar por santo, mucho menos cuando el país está sumergido desde hace tanto tiempo en una guerra sin cuartel. Pero que las FARC hablen de ‘‘generosidad”, ‘‘humanidad” y ‘‘paz”, mientras dicen que el presidente de esa nación es ‘‘cruel” e ‘‘inhumano” porque es un ‘‘desalmado”, puede llevar a alguien a pensar que los narcoguerrilleros colombianos son, en realidad, unos pobres angelitos.
Pues no lo son: aunque canse reiterarlo, los integrantes de las FARC son delincuentes de la peor especie, socios privilegiados de narcotraficantes, secuestradores, chantajistas y asesinos. No pueden pasar ni cerca de la puerta de un convento. Salvo para asaltarlo.
Claudio Paolillo (*)
cpaolillo@busqueda.com.uy
(*) El autor es Director del semanario Búsqueda de Uruguay y Vicepresidente Regional de la Sociedad Interamericana de Prensa
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