El gobierno de Chile tiene confianza en sus instituciones armadas

El Gobierno de Chile confía plenamente en que las fuerzas armadas y de orden no encubren a ningún represor de la dictadura de Augusto Pinochet, aseguró este viernes el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.

El ministro rechazó de manera tajante la opinión expresada esta semana por Amnistía Internacional (AI) en el sentido de que las instituciones armadas son reacias a dar información sobre militares que estuvieron involucrados en torturas, desapariciones y asesinatos, como el del cantautor Víctor Jara.

El ministro Viera-Gallo reconoció que muchos ex militares deben saber el nombre de quien mató a Víctor Jara en el ex Estadio Chile, pero hasta ahora se niegan a decir su nombre. “No hay que confundir las instituciones con las personas”, advirtió.

En un encuentro con la prensa extranjera, Viera-Gallo  enumeró las iniciativas y proyectos de ley relacionados con la protección de los derechos humanos que está impulsando la presidenta Michelle Bachelet.

Entre ellos destaca la ratificación en breve del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas, una de las principales demandas de las organizaciones de derechos humanos y de los representantes de las comunidades mapuches.

El ministro anunció también la reforma del Código de Justicia Militar para que los delitos comunes que afecten a militares sean juzgados por tribunales ordinarios y queden fuera de la jurisdicción castrense, como ocurre en la actualidad.

Sin embargo, el titular de la Presidencia reconoció que será muy difícil que el Parlamento ratifique el Tratado de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional (CPI), ya que la oposición, de derecha, lo desaprueba.

Tampoco hay posibilidad de que se derogue la Ley de Amnistía que data del régimen militar para amparar a los violadores de derechos humanos, ya que ello abriría la posibilidad a impugnaciones por parte de personas que ya han sido condenadas sin el amparo de esta norma, que en la práctica no aplican actualmente los tribunales chilenos.

Viera-Gallo dijo que Chile tiene todo el derecho a sentirse orgulloso de haber sido elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Enfatizó que en los 18 años transcurridos desde el fin del régimen militar, los Gobiernos de la Concertación (coalición de centroizquierda) han llevado a cabo un proceso de búsqueda de la verdad, justicia y reparación que no han hecho otros países que han sufrido dictaduras, como España, Grecia, Portugal o los de Europa del Este.

Por su parte, la encargada presidencial de Derechos Humanos, María Luisa Sepúlveda, anunció la construcción del Museo de la Memoria, "un espacio para propiciar la reflexión sobre la tolerancia" que abrirá sus puertas dentro de un año en la capital chilena y contendrá documentos y objetos relacionados con los crímenes cometidos por la dictadura (1973-1990).

El ministro reconoció que la actitud de la derecha ha transitado en los últimos años desde la negación absoluta de estos hechos hasta el reconocimiento e, incluso, la petición de perdón a la ciudadanía.

Explicó que en Chile hay más de un centenar de condenados por violaciones a los derechos humanos y más de 600 procesados, pendientes de juicio.

Viera-Gallo recordó que hasta 1998, año en el que Pinochet dejó de ser el comandante en jefe del Ejército, nadie presentó una querella contra el dictador, quien falleció el 10 de diciembre de 2006 con varios procesos abiertos, pero sin llegar a ser condenado por ninguno de ellos.

Esto demuestra, a juicio del ministro, la "madurez" de los actores políticos y sociales, ya que cuando Pinochet dejó la jefatura del Estado, pero aún conservaba la del Ejército, advirtió que "si se tocaba a uno solo de sus hombres, se acababa la democracia".

"Ni siquiera la Justicia internacional lo hizo" en los casos por los atentados contra Orlando Letelier, asesinado en 1976 en Washington, y Bernardo Leighton, herido grave por otro atentado en Roma en 1975.

El ministro subrayó que "el Gobierno respalda totalmente la gestión y la actuación" del director de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, presidente de Interpol desde enero de este año, a quien el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusó de haber colaborado en el ocultamiento de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura.