Debe ser dura dijeron los conservadores en el Parlamento Europeo e impusieron el destierro a los inmigrantes, después de haber usado su mano de obra barata durante varios decenios, para alcanzar los niveles de prosperidad que tienen.
Éstos son los términos de tal medida: en los próximos dos años, latinos, africanos y asiáticos que no cuenten con papeles en regla, cualquiera sea el tiempo de su permanencia, serán expulsados de la Unión Europea (UE). A partir de esa fecha, los “ilegales” tienen entre siete y 30 días para salir por su voluntad. Si no, se van, ingresarán en un encierro que puede durar de seis a 18 meses; en este caso, el periodo depende de que puedan encontrar a qué país trasladarse (ninguno europeo, por supuesto). En caso de que tal tiempo sea insuficiente, el encierro se convierte en encarcelamiento, hasta que se lo expulse. A la expulsión le sigue la prohibición de volver hasta cinco años después.
Las formas de apropiación de las riquezas de nuestras regiones, que se intensificaron durante los tres decenios pasados, beneficiaron a Estados Unidos de Norteamérica, a la Unión Europea anterior a su ampliación hacia el este y al Japón. En la UE, desde hace varios años, comenzó una campaña en contra de la llegada de emigrantes pobres. Barcos repletos zozobrando, expulsiones masivas, se han dado en el pasado reciente. Ahora, con la “directiva de retorno”, esta violencia será mayor.
Pueden explicarse y hasta entenderse las razones por las cuales la Unión Europea ha tomado esta determinación. Pero es indudable que no tuvo en cuenta la situación de las personas. Esto provoca la reacción de los países cuyos connacionales sufren tal discriminación.
Hay, ni duda cabe, una contracción económica que afecta a todas las naciones del mundo. Después de un largo periodo de bonanza, los países desarrollados enfrentan un descenso. Sumemos a esto el ingreso a la UE de los países de Europa Oriental, cuya estructura económica, social y política es obligada a adecuarse a los parámetros occidentales. Todo esto influye en el trazado de las estrategias del llamado primer mundo. Comprensible, pero inaceptable.
La evidencia de esto es la definición parlamentaria en la misma votación. Casi la mitad de los votos no acompañó la decisión final. Es verdad que sólo 200 se opusieron y hubo algo más de 100 que se abstuvieron. Probablemente, otras medidas tratarán de paliar o, al menos, desviar la atención. Pero el hecho seguirá siendo evidente: más de ocho millones de inmigrantes que carecen de papeles viven en Europa y hoy están atemorizados.
Sólo hay una respuesta que puede darse. Un acuerdo en el que intervenga, por una parte, la Unión Europea, y por la otra, los países latinoamericanos en bloque (puede hacerse lo mismo en otros continentes) que establezca mecanismos de tolerancia y que, sobre todo, recupere la dignidad de las personas. En otros términos: permitir el trabajo que realizan actualmente, con condiciones mínimas de seguridad, al mismo tiempo, que se programe un plan de retorno compatible con la recuperación económica de los países de donde son originarios los emigrantes.
No puede negarse que ésta es una tarea en la que tienen una gran responsabilidad las naciones que hicieron su prosperidad con base en el trabajo mal pagado de los hombres y mujeres que llegaron a Europa en busca de un mejor futuro, cuando sus países sufrieron la despiadada exacción de sus riquezas.
* Periodista, senador por el MAS
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