La Comunidad ha llevado a cabo el derribo de una vivienda construida de forma ilegal en la finca El Guindo, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Un juez solicitó a la Comunidad el pasado 12 de marzo que llevase a cabo la demolición de esta casa, tras incumplir el propietario de la parcela la orden judicial de derribo que se dictó hace dos años contra él por un delito contra el medio ambiente.
Según decisión del juez, el propietario, Ricardo Barretié, deberá asumir los costes de la demolición de la edificación, de más de 180 metros cuadrados, construida en la finca El Guindo, en una zona de máxima protección medioambiental perteneciente al término municipal de Colmenar Viejo.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio denunció en el año 2000 la existencia de esta vivienda construida en suelo especialmente protegido y abrió un expediente sancionador contra su propietario. Al detectar que estas obras eran constitutivas de delito contra la ordenación del territorio, según el artículo 319 del Código Penal, remitió la denuncia al juzgado de lo penal, lo que paralizó el proceso administrativo. Junto a la Comunidad se presentó como acusación particular la Asociación para la Defensa del Valle de Lozoya y la Sierra de Madrid.
La sentencia dictada por el Juzgado de lo penal nº 24 de Madrid el 24 de junio de 2003 condenaba a Ricardo Barretié, arquitecto superior y director de la obra, a un año de prisión por un delito contra la ordenación del territorio a un año de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión y a otros ocho meses de prisión por un delito de desobediencia, ya que la sentencia le obligaba a demoler la vivienda y aún no lo había hecho. Por esta razón, el juzgado solicitó a la Comunidad de Madrid que derribase la edificación.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha llevado a cabo en los últimos meses el derribo o retirada de varias construcciones que habían sido levantadas ilegalmente en terrenos especialmente protegidos de Los Santos de la Humosa, Corpa, Lozoyuela y Carabaña.
Estos expedientes tienen como resultado una sanción económica y obligan al propietario, o de forma subsidiaria a la Comunidad de Madrid, a demoler la edificación y restaurar a su estado original el paraje. Si el propietario no lleva a cabo la demolición, la Comunidad lo realiza subsidiariamente con cargo económico al dueño.
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