El presidente Martín Torrijos se comprometió a corregir el descuido que casi le cuesta al país sanciones morales del mundo, tras permitir que la pesca de cerco del atún incursionara en la isla de Coiba, declarada Patrimonio de la Humanidad. Torrijos aceptó que fue un descuido, y que será corregido apenas la Asamblea de Diputados reinicie sus sesiones cuando vuelva de vacaciones el 1º de septiembre próximo.
La semana pasada organismos ecologistas se pronunciaron alarmados ante el hallazgo de que Torrijos había sancionado una norma que introdujo reformas a la ley 44 que creaba el Parque Nacional Coiba. La norma, introducida en otra ley, permitiría una nueva zona de pesca para el atún, en contra de la ley del parque, que creaba una zona de exclusión donde se prohíbe usar redes de cerco para pescar atún, ya que pueden ser atrapadas especies conocidas como peces de pico, delfines, cetáceos y tortugas marinas, algunas en peligro de extinción.
La promulgación presidencial de la semana pasada permite a los barcos atuneros de pesca industrial ingresar al área de exclusión, usar redes de cerco y violar el parque. El supuesto error de derogar esa prohibición quedó contenida en forma muy sospechosa en un nuevo código marítimo que no tenía nada que ver con el parque. La sospecha se hace mayor, cuando los especialitas informaron que la sobre pesca en el océano Pacífico generó que los atunes buscaran refugio en aguas cercanas a la Isla de Coiba.
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