¿Democracia mediática?

El estado no es el gobierno, proclama con extraño entusiasmo una ex asambleísta para defender el articulado sobre comunicación.

Asegura que la formulación de políticas públicas y la estructura del “sistema nacional de comunicación”, instancia oficial que crearía la nueva carta magna, no quedarán en manos del régimen sino “de todos los ciudadanos”, es decir, del estado en su concepto más amplio.

Y eso, según ella, significa que será una amplia, democrática y plural representación de la sociedad la que integrará los organismos de políticas, control, regulación, vigilancia de cumplimiento de derechos, libre acceso a la información generada en entidades públicas, facilitación y fortalecimiento de medios públicos, privados y comunitarios, asignación equitativa de frecuencias para radio y televisión, garantía de la cláusula de conciencia, secreto profesional y reserva de la fuente, fomento de espacios para la producción nacional independiente, prohibición de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, la intolerancia religiosa o política (artículos del 16 al 20).

Suena bien. En teoría…
Pero no son conceptos ni principios nuevos. Sin necesidad de una nueva carta magna, muchos de ellos ya debieran ser parte de la cotidianidad si existiera la voluntad política de aplicarlos o respetarlos con honestidad y sin interpretaciones antojadizas, voluntad que no parece ser parte de las decisiones de quienes nos gobiernan y de quienes pensaron esos articulados como la fórmula ideal para una “democratización mediática”.

Si existiera esa voluntad política en la presidencia de Rafael Correa, y sin necesidad de una nueva constitución, el Gobierno transparentaría, por ejemplo, el manejo de las leyes de emergencia, la mayoría de ellas en vigencia desde hace un año y medio sin que los ciudadanos conozcamos cuáles son sus resultados concretos. Basta circular por las carreteras del país para ser testigos del fracaso de esa medida.

O mostraría, cada vez que habla el mandatario en sus omnipresencias mediáticas, que el régimen no promueve la violencia verbal, la discriminación o la intolerancia.

O marcaría fronteras entre lo que el régimen entiende por “medios públicos” y gubernamentales, porque, hasta ahora, la programación de TV Ecuador no tiene línea independiente y en las páginas del diario “público” no hay balance entre contenidos noticiosos y editoriales a favor o en contra de la gestión correísta. Porque no es equilibrado exigir a los medios espacios para difundir el proyecto constitucional y negar espacios a posiciones discrepantes.

¿Hace falta otra constitución para ampliar la democracia mediática? ¿El "estado" sinceramente querrá contribuir a ella? ¿Participarán los ciudadanos independientes en las grandes decisiones o seguirá el "estado" como eje de la agenda del canal, la radio y el periódico “públicos”?
Todo es ambiguo cuando desde el ejercicio cotidiano del poder político se ignoran los principios de la ética social informativa.

 
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