De no ser así, adoptarán
las 'medidas oportunas'
Manuel Ángel Menéndez | Lunes 02 de julio de 2012
Rebelión, o rabieta, pero
lo cierto es que la Sala de Gobierno del Tribunal ha emitido una durísima nota
pública en relación con la nueva organización de los servicios de seguridad y
la supresión de los vehículos que venían utilizando los Magistrados del
Tribunal Supremo. En resumidas cuentas, dicen que si se quitan los coches, que
sea a todos, y que de no ser así no tolerarán una "discriminación
institucional" y adoptarán "las iniciativas oportunas".
El malestar con el
Gobierno, y especialmente con el Ministerio del Interior, es realmente
'supremo': los magistrados están que trinan tanto por el fondo como por la
forma en que se ha concretado la reducción de escoltas y, especialmente, de
coches públicos.
Recogiendo ese malestar,
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha emitido un durísimo comunicado en
el que se anuncia fríamente que "se toma conocimiento de la reorganización
de los servicios de seguridad que constituye una medida que afecta a todos los
poderes, administraciones y organismos por igual, por lo que el Tribunal
Supremo confía en que el Gobierno seguirá protegiendo a los magistrados que lo
integran en función de las circunstancias de cada caso".
En su segundo punto, el
Tribunal Supremo dice que en relación a los vehículos "la Sala de Gobierno
entiende que los sacrificios económicos que impone la situación por la que
atraviesa el país debe alcanzar a todas las instituciones y órganos del Estado,
pero no puede aceptar que la medida adoptada se refiera única y exclusivamente
a este Tribunal con desprecio de su relevancia institucional en contraste con
el tratamiento que se da a otros organismos del Estado de análoga e inferior
relevancia".
Precisamente por lo
anterior, la Sala de Gobierno del Supremo dice esperar que la medida adoptada por
el Gobierno de
Mariano Rajoy, y ejecutada por su ministro del Interior,
Jorge
Fernández Díaz, "no signifique, tal como en principio aparece, una
injustificada discriminación institucional puesto que si así fuese la Sala de
Gobierno adoptaría las iniciativas oportunas".
En todo caso, la Sala de
Gobierno considera que "las formas en que se han comunicado al Tribunal
Supremo estos acuerdos no corresponden al procedimiento que debe seguirse en el
orden institucional".
Los magistrados del
Supremo no concretan las "iniciativas oportunas" que adoptarían si
finalmente la reducción de coches no afecta igualmente a otras instituciones
del Estado. Pero se vislumbra un nuevo foco de tensión.
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