El destino del cadáver de Francisco Franco promete convertirse con un nuevo problema para el Gobierno. La opción barajada por la familia, el traslado de los restos del dictador a la catedral de la Almudena, como última opción si no conseguían paralizar la exhumación podría costar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, perder la votación de los Presupuestos Generales.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya advirtió al Ejecutivo de que no permitiría que Franco quedara instalado en pleno centro de la capital y amenazó con retirar su apoyo a las cuentas públicas. En el mismo sentido, eurodiputados de PSOE, Podemos, BCG, ERC, PDeCAT e ICV han enviado una carta al propio Papa Francisco para que interceda e impida que Franco acabe enterrado en la catedral madrileña convirtiendo la Almudena en un "centro de peregrinación para organizaciones de ultraderecha".
La otra hipotética opción tampoco escapa de la polémica. Tal y como desvela 'Público', la capilla-mausoleo en la que está enterrada la mujer del dictador, Carmen Polo, es propiedad de Patrimonio Nacional y fue construida con fondos públicos siguiendo una orden de 1969.