"La gravedad de los hechos no impide que actuemos con responsabilidad. El Gobierno defenderá los derechos humanos y la paz. Pero teniendo en cuenta a las empresas españolas que operan en Arabia Saudí y a los españoles que necesitan mantener su subsistencia", justificó.
"Yo también participo de la consternación, repulsa y rechazo de la opinión pública internacional por el terrible asesinato del periodista Jamal Khashoggi", sostuvo reivindicando una investigación exhaustiva de los hechos para que la justicia recaiga sobre sus responsables.
Sánchez insistió en las dificultades de conciliar los derechos humanos, la política exterior, el derecho internacional y el cumplimiento de los contratos firmados por el gobierno precedente. "Otros miran en corto. Pero debo conciliar los intereses desde una perspectiva que otros no tienen por la posición que ocupan. Lo hago defendiendo los intereses de los españoles con plena autonomía. La política exterior es de Estado y les pido altura de miras", explicó.
Asimimo, Sánchez se escudó en la decisión del alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi' (Podemos), de defender los intereses de los astilleros en los contratos de Navantia sin poner en duda su defensa de los derechos humanos y las libertades en el mundo.
Iglesias defendió la ruptura de los contratos en virtud del cumplimiento del derecho internacional y exigió al Gobierno que implemente alternativas propias de una gran economía como la española para buscar un "comprador alternativo" para las corbetas que allí se están fabricando.
La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, ha respondido a todas las críticas sobre las exportaciones de armas a Arabia Saudí, recordando que el contrato de exportación de 400 bombas fue firmado por el Gobierno del PP y aprovechando por criticar a la anterior ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, por "no dar explicaciones" a su sucesora en el Departamento.