Por su parte, Quim Torra ha afeado que no se negociase la fecha y que se anunciase de forma unilateral por Madrid, dando largas a si esta respuesta supone un 'sí o un 'no' a aceptar la cita. El todavía president catalán ha lamentado que Moncloa anunciase una fecha sin ningún acuerdo ni teniendo en cuenta la agenda del president de la Generalitat.
El anuncio lo ha hecho público Moncloa a la prensa con el objetivo de tener una primera reuníon entre el Ejecutivo central y los representantes de la Generalitat, que incluye a los principales partidos catalanes, como son JxCat y ERC.
Se entiende esta propuesta de fecha como un intento de dejar claro que la voluntad de Madrid es comenzar cuando antes un diálogo para enfriar la crisis o conflicto catalán. Mientras tanto, desde el Govern catalán se ha ido enfriando la posibilidad de que esta mesa arranque prontamente.
Primero porque el primer interesado es ERC, el partido que negoció con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez en enero y quien espera sacar más réditos de las reuniones. Y, segundo, porque JxCat y los dirigentes soberanistas ligados a Carles Puigdemont y el todavía president Quim Torra exigen que se cree la figura de un mediador o relator que esté presente en todas las reuniones.
Un requisito que Moncloa ya dijo ayer que no ve necesario y que prefiere dejar apartado y que ERC tampoco ve prioritario, sobre todo si supone un motivo de bloqueo o retraso para el inicio de las conversaciones. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, reiteraba ayer martes tras la reunión ordinaria del Consejo de Ministros que su intención sigue siendo "convocar la mesa antes de que termine febrero", al tiempo que revelaba que estaban en contacto con la Generalitat para fijar el orden del día y los integrantes de esa mesa, en la que Sánchez y Torra estarán, al menos, en la primera reunión.
Por contra, la portavoz de JuntsxCat en el Congreso, Laura Borràs, insistía ayer en que la inclusión de un mediador en la mesa de diálogo que van a crear el Ejecutivo central y el catalán no es un capricho "personal" del president Torra, sino una "obligación" y un "deber", porque así lo reclamó el Parlament de Cataluña.