El Ministerio de Trabajo ha anunciado un acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO y UGT para la creación del Estatuto del Becario, una norma que ha sido objeto de intensas reuniones y debates desde mayo de 2022. Sin embargo, las patronales CEOE y Cepyme no respaldarán esta propuesta.
UGT ha manifestado que las negociaciones están en una fase avanzada y que se espera un acuerdo inminente. Según sus declaraciones, el estatuto incorporará muchas de las demandas planteadas por los sindicatos, tales como una definición clara de las prácticas para prevenir el fraude, la compensación de gastos y la implementación de un régimen sancionador efectivo y disuasorio.
CCOO también afirma estar cerca de alcanzar un acuerdo, aunque aún quedan algunos detalles pendientes por cerrar. El sindicato busca un acuerdo que garantice que los becarios y los jóvenes no ingresen al mundo laboral a través de la explotación y la precariedad, tal como ocurre actualmente.
El estatuto también contempla la implementación de un régimen sancionador que garantice el cumplimiento de la norma y proteja los derechos de aquellos que realicen prácticas en empresas, evitando así la utilización de becas para encubrir empleos precarios.
Por otro lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dejado claro que su organización no respaldará ninguna ley mientras las Cortes estén disueltas debido al adelanto de las elecciones generales al próximo 23 de julio. Esta declaración fue una respuesta a la solicitud de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien instó a la patronal a continuar las negociaciones sobre el estatuto.
Desde la CEOE aclaran que no tienen confirmación oficial del acuerdo y que no están involucrados en ningún pacto en este momento.
Después de un año de gestación, este texto regulará las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas. Por primera vez, se reconocerá la compensación de gastos como alimentación y transporte para los becarios, y se establecerán multas que podrían superar los 200.000 euros. Se espera que el gobierno apruebe el estatuto a través de un real decreto, el cual deberá ser tramitado por la Diputación Permanente del Congreso