Aguirre-ZP: choque de trenes

Asistimos a un choque de trenes institucional y como en cualquier accidente de este tipo lo más probablemente es que haya víctimas. Los Gobiernos Central y Autonómico están más que enfrentados y eso se pone de manifiesto en todas y cada una de sus medidas.Se aprueba una Ley de Dependencia y la Comunidad, primero, dice que no está preparada informáticamente para aplicar una medida que, sin embargo, ponen en marcha otras comunidades. Luego, los trámites se demoran hasta tan punto que muchos de los que deberían beneficiarse no lo están haciendo.

Se toman medidas en el Parlamento contra el consumo de tabaco y en Madrid la norma se va a pique por no ponerse en marcha el correspondiente reglamento para regular la aplicación en el gremio de la hostelería para aplauso de los fumadores y desesperación de los que no fuman. Se decide en las Cortes que los niños estudien la asignatura de Educación para la Ciudadanía y Madrid, primero, retrasa su aplicación hasta el máximo para, luego, argumentar que los objetores pueden hacer voluntariado o trabajos sobre la Constitución.

La Comunidad, para aplicar la máxima de que las lista de espera quirúrgica no se prolongarán más de 30 días, decide que el tiempo empieza a correr desde que el anestesista hace las pruebas y el Gobierno expulsa a la Comunidad de Madrid del cómputo nacional al no aplicar los mismos criterios que en el resto de España.

Pero esto no es todo. Los enfrentamientos afectarían a otros muchos campos como la renta básica de emancipación, las competencias de los agentes forestales o la ampliación de la M-50 bajo el monte de El Pardo, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, todo eso parece quedar olvidarse ante la campaña constante, basada en argumentarios que repiten desde la presidenta de la Comunidad hasta el último concejal popular del municipio más pequeño, en la que se denuncia el "cero Zapatero" para Madrid en los Presupuestos Generales del Estado.

La campaña tiene, sin embargo, una base sobre la que apoyarse pues en los PGE no hay muchas partidas novedosas ni de esas que puedan epatar a los ciudadanos. Los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda dirán que no es este el momento económico de acometer proyectos estrella pero la campaña de denuncia de los responsables autonómicos, a los que se ha sumado el alcalde de Madrid agobiado por la situación de las arcas municipales, ya ha calado tras dos años de insistencia.

Y es que, efectivamente, Madrid no sale muy bien parado del reparto de dinero del Estado. Cierto es que miles de pensionistas verán incrementadas sus pensiones mínimas y que otros miles más recibirán ayudas por dependencia, pero ello obedece a la concentración de estos colectivos en la Comunidad. Cierto es que se prevé una fuerte inversión en infraestructuras pero es los trazados del AVE o en la mejora de Barajas, obras de las que se beneficiarán todos los españoles. El Gobierno cubrirá lógicamente el resto de los servicios y continuará las obras en marcha, pero poco más. En algunos casos como las inversiones en Seguridad Ciudadana bajará incluso la aportación.

No son, por tanto, los presupuestos que esperaba Madrid y así debe denunciarse, si bien ello no debería amparar la desobediencia institucional en  materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Porque, y es algo que se olvidan los políticos de todo signo, es que están al servicio de esos ciudadanos que, una y otra vez, resultan vapuleados en el conflicto.