Los médicos piden aplazar la supresión de las entidades colaboradoras en Sanidad

FEMYTS explicó a través de una nota de prensa que se trata de una opción a la que desde 1960 podían acogerse grandes empresas (Telefónica, grandes bancos, empleados de la Comunidad de Madrid...), que ofertaban servicios médicos propios y obtenían de esta manera un descuento en sus cotizaciones a la Seguridad Social.

El número de afectados en la Comunidad de Madrid supera los 200.000 ciudadanos, que ahora tendrán que ser atendidos en los servicios sanitarios públicos, con lo que se incrementará su masificación y provocará un aumento de las listas de espera.

Para esta entidad, que representa a la mayoría de los médicos de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, es "una frivolidad" que una medida de este calado se trate de poner en marcha "sin una planificación previa de los servicios que van a dejar de prestarse y, sin establecer los necesarios refuerzos humanos, materiales y económicos que deben articularse para atender a una población de 200.000 habitantes, equivalente a ciudades como Móstoles, Oviedo o Pamplona".

Redistribuir los recursos
La Administración General del Estado, en opinión de FEMYTS, no puede desentenderse de la asistencia sanitaria de 200.000 ciudadanos y traspasar la "patata caliente" a los servicios sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma sin ofrecer alternativas.

"El volumen de atención prevista no puede improvisarse de aquí al 1 de enero de 2009; es necesario determinar previamente las concentraciones de esta población por lugar de residencia y tramos de edad", según el comunicado.

En función de esos datos será necesario redistribuir las infraestructuras existentes (hospitales, centros de salud y puntos de atención continuada) y calcular el número de profesionales médicos, de enfermería y auxiliares que serán necesarios.