Las empresas públicas nunca han funcionado en el país básicamente por tres razones; la primera es que su administración al depender del gobierno de turno, es efímera y no responde a una selección técnica ni de planificación a largo plazo, la segunda es la presencia de grupos de interés que vinculados al poder político, tratan de lucrar en base a las amistades y a la maraña burocrática, y la tercera es la existencia de sindicatos públicos que entorpecen y manipulan las estructuras productivas de la empresa.
Enfocándonos en la tercera razón, el problema de los contratos colectivos nace de un sindicalismo que cree que los recursos que administran son de su propiedad y por lo tanto tienen el derecho de manipular las decisiones de la empresa y obtener privilegios o prebendas que el resto de los ecuatorianos no tiene.
Los sindicatos públicos no tendrían razón de existir ya que su empleador es el pueblo ecuatoriano y resulta ilógico que se formen grupos sindicales que se contraponen a los intereses de los ecuatorianos, además resulta inadmisible la cantidad de privilegios y poder coercitivo que dichos grupos han logrado obtener a través del tiempo.
Es digno de elogio, el que al cabo de tanto tiempo se dé una iniciativa desde el poder central de corregir los privilegios de ciertos servidores públicos y de controlar la capacidad de intervención de esos grupos en las políticas de desarrollo de la compañía. Obviamente hay mucho por hacer en esta materia pero definitivamente es un buen comienzo.
El enfrentar los otros dos problemas y al ser éstos intrínsicos de su estructura, requiere una solución de asociación público privada que permita una administración técnica a largo plazo y libre de injerencia de los grupos de poder adscritos al gobierno de turno.
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