La decisión adoptada esta semana por la Presidenta de Argentina es una de las más audaces de su gobierno y apunta directamente contra el corazón del sistema neocapitalista que reina sin contrapeso en esta parte del mundo. Como señaló la mandataria al dar a conocer las bases del proyecto que se comenzará a discutir ahora en el Parlamento, se trata de una decisión “estructural” y “estratégica” que trasciende a un Gobierno e, incluso, a toda una generación.
La argumentación de la Presidenta Fernández es muy simple. En los años 90 el Estado, como institución, vivía un repliegue. Por eso, cuando aparecieron en el país vecino los gurús del libremercado provenientes de Chile, fueron recibidos con los brazos abiertos.
El hermano mayor del actual candidato presidencial de la derecha chilena fue uno de los artífices del modelo. José Piñera se dio el lujo de aplicar en Chile en 1981 –al alero de la brutal dictadura de Augusto Pinochet- las recetas más ortodoxas de la escuela de Chicago. Así, terminó con las Cajas de Previsión que por sectores de la actividad económica y productiva administraban en Chile los fondos previsionales de sus trabajadores.
Se entregó desde entonces el cuantioso dinero que mensualmente se les descuenta de sus ingresos a todos los chilenos, a unos señores que dijeron saber muchísimo de finanzas para que administraran a su leal saber y entender el dinero que no era de ellos. El sistema pareció ser aceptable y hasta bueno, al menos mientras no había crisis financieras. Por ello, los genios de las AFP (y también de las isapres y de todo lo que implica la “revolución” conservadora del pinochetismo) desembarcaron en Argentina y copiaron el modelo.
Era 1994 y gobernaba el país vecino Carlos Menem. Sólo catorce años después, el sistema financiero mundial se vino al suelo. Pero quienes están perdiendo son los trabajadores que mensualmente entregan sus fondos previsionales a las AFP (en Argentina les llamaron Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, AFJP). No pierden los “sabios” que son dueños de esas empresas. ¡Faltaría más!
Las pérdidas se trasladan a las cuentas de los imponentes y por eso se multiplican ahora los paternales consejos a quienes tienen los requisitos de edad y de años trabajados, y que quieren jubilar, que no lo hagan, hasta que la crisis financiera internacional se revierta. O sea, dependemos de otros, que viven en lejanos países, y a los cuales la Presidenta Bachelet ha bautizado como “codiciosos” e “irresponsables”.
En Argentina, Amado Boudou, director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) –organismo equivalente a la chilena Superintendencia de AFP- comentó tras el anuncio de la mandataria Fernández que siempre vio el sistema previsional como una cuestión que estructuralmente tiene que ver con el Estado, “como en la mayoría del mundo".
Agregó que "el experimento de capitalización, en el mejor de los casos, se puede pensar que es un buen pilar voluntario adicional", pero remarcó que "en ningún punto creía que podía ser el pilar central de jubilaciones en el país".
El sistema previsional estatal está diseñado en esencia para dar certeza y tranquilidad a la gente y no puede estar intrínsecamente relacionado con actos de riesgo, como la Bolsa de Comercio. Estos argumentos son los que se esgrimen en Argentina, donde se ha dado inicio a un monumental debate que interesa a todos. Los “accionistas” perjudicados por las crisis son los imponentes de las AFJP, que ignoran en absoluto dónde y en qué está invertido su dinero.
Pareciera ser mejor, más confiable y más transparente, que los fondos previsionales de cada uno de nosotros sean administrados por el Estado, que somos todos. Las fórmulas pueden ser muchas. La mandataria argentina dice que el proyecto que ha presentado dará origen a una entidad de control y vigilancia del destino del dinero. En ese organismo participarán el Gobierno y la oposición, los bancos privados, las organizaciones de jubilados, las cámaras empresariales, las centrales sindicales. Pareciera un buen sistema, que da garantías a todos.
Las comisiones que en la actualidad se pagan a los dueños de las AFJP por trabajar con el dinero de la previsión son cuantiosas y muy importantes. Tras la aprobación de la ley, esas comisiones –que en el país vecino bajaron considerablemente en 2007- quedarán en el bolsillo de los argentinos y no en el de los privados, dueños de las administradoras de los fondos.
No es extraño que se haya iniciado de inmediato una gigantesca campaña nacional e internacional para desprestigiar al gobierno de Buenos Aires. El riesgo para las inversiones es determinado día a día por los financistas de las grandes cadenas bancarias representadas por el BID, el FMI y una decena de otros organismos. (Curiosamente, hoy hay menos bancos y consultoras privadas, porque justamente por culpa de la crisis algunas de ellas tuvieron que cesar sus actividades. ¿Y no era que sabían tanto?).
The Wall Street Journal of America informa que Argentina ha batido un récord, al aparecer en el primer lugar del país más riesgoso del mundo. Riesgoso para las inversiones de los más ricos del planeta. Sin embargo, el Producto Interno Bruto (PIB) del país ha crecido desde 2005 hasta hoy a un promedio de un 8,8 por ciento anual. Para este año se estima un crecimiento del 6 por ciento, según el semanario estadounidense The Economist. Los datos de la economía se pueden barajar a gusto del consumidor y en ello se basa la campaña contra ese país.
Habrá que aguardar el curso de los acontecimientos y, mientras tanto, se multiplicarán los argumentos, las presiones y el ‘pataleo’ de quienes se sientan despojados de sus atribuciones y de una actividad que resulta ser tan lucrativa para sus propios bolsillos.
Leonardo Cáceres
Director de Diario Crítico de Chile
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