El Congreso argentino recibe el proyecto que declara a Aerolíneas "sujeta a expropiación"

 Este documento, que será discutido esta semana en una comisión parlamentaria aún por definir, lleva las firmas de algunos diputados y representantes de la Cámara Baja, según informaciones de los medios locales. El proyecto considera válida la valoración de la situación patrimonial de las empresas realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que estableció un valor negativo de las dos empresas de unos 800 millones de dólares y propone la expropiación por el valor simbólico de un peso.

   Esta iniciativa pretende "garantizar la continuidad y seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga", así como "el mantenimiento de las fuentes laborales y el resguardo de los bienes de las empresas". De esta forma, el Poder Ejecutivo ejercería "todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren" y se facultarán instrumentos para "cubrir las necesidades financieras" de las empresas afectadas y "realizar operaciones de crédito".

   El presidente de la comisión bicameral que sigue el proceso de la línea aerocomercial, Mariano West, criticó la iniciativa de un sector de la oposición que planteó la expropiación únicamente de los activos de la empresa, ya que a su juicio esto sería "inviable". "En la práctica significa el cierre de la empresa. Sería decirle a los acreedores no les pago más y luego pedirle que restablezcan los servicios que venían prestando a la empresa. Es desconocer la realidad", explicó.

Posible demanda

   El diputado socialista Ariel Basteiro confirmó que "antes del 20 de diciembre la ley va a estar aprobada". El grupo Marsans ya sostuvo que en caso de concretarse la expropiación recurrirá al CIADI, el tribunal de controversias del Banco Mundial, donde podría reclamar una indemnización de hasta 1500 millones de dólares, según dijo Vicente Muñoz, uno de los directivos del grupo.

   "Buscan victimizarse porque no pueden reconocer que fueron un desastre en la gestión", consideró Basteiro, quien añadió que no cree que la demanda vaya a prosperar ya que los directivos de la empresa tienen denuncias "por no dar servicios y sobreventa de vuelos".

   El pasado viernes, y a solicitud del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, un juez decretó la intervención de la compañía y designó a un interventor, mientras que confirmó en su cargo al actual director general, Julio Alak, designado tras el acta acuerdo firmada entre Marsans y el gobierno el pasado 17 de julio.