Proyecto La Castilla será evaluado por la Comisión Nacional de Medio Ambiente

Se trata de una megacentral a carbón con capacidad para 2.100 MW que se ubicaría en la hacienda del mismo nombre en la región de Tarapacá, al norte de Chile, e implicaría una inversión de US$ 4.400 millones. El proyecto pertenece a MPX Energía de Chile, firma del grupo multinacional EBX, con sede en Brasil, controlado por Eike Batista, cuyas operaciones incluyen minería, transporte y petróleo. De ser aprobada por la CONAMA, la termoeléctrica sería levantada entre 2012 y 2016, dos años antes que las hidroeléctricas de Endesa y Colbún.

Sin embargo, el anuncio ha provocado la alerta de los ambientalistas nacionales quienes denuncian los altos niveles de emisiones que tendrá el proyecto, cerca del 40% a nivel nacional. La directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, resaltó que "los compromisos internacionales y los niveles de inserción que tenemos no permiten un proyecto de este tipo... quiere entrar a la OCDE y debe tener una coherencia con sus compromisos, no puede maquillarlos". Por su parte, Juan Pablo Orrego de Ecosistemas, advirtió que "las emisiones están creciendo mucho en Chile, todavía no es crítico, pero está empezando a serlo con la cantidad de proyectos que hay en construcción. Nos parece una locura y retrógrado ir en la dirección contraria", afirmó el ecologista. Los ambientalistas han señalado con fuerza que el Estado debe concebir las ERNC no como un recurso marginal, sino como un suministro de importancia para la red troncal y para los usuarios finales en un esquema de generación distribuida.

Durante los últimos 20 años, la demanda de energía eléctrica en Chile se ha incrementado sostenidamente a una tasa promedio anual de 6,7%, mientras que la oferta de energía eléctrica ha seguido desarrollándose a partir de combustibles fósiles e hidroelectricidad, junto a un mercado centrado en la oferta. Como consecuencia, el suministro nacional se ha vuelto más vulnerable, además, por las sequías y las restricciones en el abastecimiento de gas natural desde Argentina, perjudicando notoriamente el bolsillo de los usuarios.

En los años recientes, las autoridades del sector han intentado subsanar las debilidades del marco legal, reduciendo las incertidumbres y creando incentivos a la inversión estableciendo algunos beneficios y cuotas de participación para facilitar la introducción de las energías renovables no convencionales. Sin embargo, los ecologistas dicen que estas medidas son insuficientes para acelerar el desarrollo de estas opciones energéticas.