Cinco colegios se ponen en pie de guerra

El edificio del Colegio Sagrado Corazón de Madrid afectado por el derrumbe de la pista deportiva de su azotea, cuya obra fue realizada sin licencia a finales de 2007, fue demolido en su totalidad en enero de este año. Un informe del Ayuntamiento de Madrid aseguró que el colegio tenía deficiencias propias de una mala construcción, extremo negado por su arquitecto, Francisco Pérez Arbués.

El Consistorio decidió multar al centro con 100.000 euros por haber construido de manera ilegal y haber puesto así en riesgo la seguridad de su alumnado. Mientras duraron las obras de reconstrucción del edificio, sus 900 alumnos fueron realojados en una nave prefabricada situado en el centro escolar de la misma congregación religiosa en la calle de Santa Magdalena Sofía, en el distrito de Chamartín y en el Colegio Público Miguel Hernández de Aluche. En septiembre finalmente los alumnos de Secundaria y Bachillerato pudieron volver a su colegio, ya remodelado, mientras que los más pequeños aún siguen a la espera.

Consecuencia del derribo en el Sagrado Corazón fue también la vivida por los padres y niños del Colegio Palacio Valdés, situado en el Paseo del Prado. Al derribarse la azotea del primer centro y trasladar a parte de sus alumnos al Miguel Hernández, los alumnos del Palacio Valdés, que iban a ir a ese centro, se encontraron con que no podían ocupar esas aulas mientras durasen las obras de remodelación de su colegio, tal y como estaba previsto.

La Comunidad de Madrid dio la alternativa de ubicar a los niños en la escuela Arroyofresno del distrito de Fuencarral-El Pardo, opción que no fue del agrado de los padres al estar a una hora de trayecto. Estos, apoyados por CCOO, protagonizaron un encierro de varios días en la escuela, donde se vistieron de luto alegando que se iban a “matar” sus derechos. No consiguieron su propósito y los niños fueron trasladados. Una vez finalizadas las obras, en octubre los alumnos pudieron volver a su colegio.

Otro traslado forzoso fue el de los alumnos del Colegio Público San Roque de Villaverde. Todo comenzó cuando la Comunidad de Madrid propuso permutar los colegios San Roque y Cristóbal Colón. El viceconsejero de Organización Educativa, Jesús Valverde, justificó la decisión tomada en base a “la demanda del centro educativo Cristóbal Colón, que es muy superior a la que tiene San Roque”. Sin embargo, los padres del San Roque no vieron bien esta propuesta porque consideraron que el objetivo no era otro que el de “segregar” al alumnado gitano, mayoritario en el citado colegio.

En el mes de julio hubo multitud de actos de protesta como una concentración frente a las puertas de la Asamblea de Madrid liderada por la presidenta del AMPA del San Roque, Liria de la Cruz, quien reiteró que la decisión del gobierno regional tenía tintes racistas. El Defensor del Menor de la Comunidad, Arturo Canalda, abrió finalmente un expediente para comprobar si la permuta podría generar problemas de escolarización.

También en 2008 hubo protestas por la privatización definitiva del Colegio Miguel Ángel Blanco de El Álamo. La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, afirmó que esa decisión se había tomado porque no se habían cubierto la totalidad de las plazas del centro. PSOE e IU denunciaron esta decisión en reiteradas ocasiones al considerarlo “una agresión sin precedentes a la escuela pública”. “Es un escándalo que el PP, tanto en el Ayuntamiento de esta localidad como en el Gobierno regional, se atreva a regalar una infraestructura construida sobre suelo público y con el dinero de todos los madrileños a una empresa privada”, denunciaron los socialistas. Las alegaciones fueron llevadas al Pleno, aunque no fueron aceptadas.

Finalmente, uno de los centros que más tensión generó en 2008 fue el Instituto Mirasierra, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, como consecuencia del anuncio de su derribo para ampliar la línea 9 de Metro. Padres, alumnos, profesores, y grupos políticos protestaron por esta decisión tomada por el Gobierno regional. “Queremos que el metro llegue al barrio de Mirasierra, pero eso debe ser compatible con la salvación del instituto”, declaró el secretario general del PSM, Tomás Gómez.

El Partido Popular, por su parte, recordó que las consejerías de Educación y Transportes construirían un nuevo centro educativo público en Montecarmelo, donde se trasladará el alumnado en el curso 2009-2010 mientras duren las obras. Al nuevo centro, “más moderno”, volverían los alumnos en el 2010 y 2011.  A finales de diciembre se supo además que el Ministerio de Fomento se hará cargo de los 125 millones de euros que costará la ampliación del suburbano.