La fórmula de pagar las autonomías

 Era del todo impredecible lo que ha ido sucediendo con las Autonomías que hacían hace treinta años, con la Constitución vigente. Aquel Capítulo VIII del texto constitucional, tan combatido en las tres últimas décadas, ha transformado España en diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas con formidable capacidad de gobierno y también de gasto. Hasta el punto de que sus correspondientes gobiernos, y en particular el catalán, han venido presionando y forzando que se revisara el sistema de su financiación, decidido hace ocho años. Ahora, finalmente, y a punto de que Solbes presente su "cuadratura del círculo", ha comenzado a divulgarse el procedimiento que el Gobierno propone para que las 15 comunidades "del régimen común", es decir, todas menos Euskadi y Navarra, puedan percibir más dinero del que hasta ahora venía percibiendo el Estado, y lo hagan en atención a determinados criterios que se especifican en lo que ha venido llamándose "el sudoku de Solbes", por la complejidad de atender las variantes y circunstancias de "las distintas Españas" a beneficiar.

Este martes, y a la espera de que se conozca el fruto directo de las consideraciones de Economía, nos anuncian que se creará un fondo específico del que se beneficiarán las comunidades con menor renta, alguna forma de compensación para las autonomías más perjudicadas por la nueva financiación. Es decir, que serán tres esos fondos específicos, los de garantía de servicios públicos, de suficiencia global y de convergencia. Es decir, que un nuevo fondo, el de convergencia, se sumará a los actuales, de suficiencia y de nivelación, para completar y, se supone, para perfeccionar el cuadro... Mediante ese nuevo fondo, se supone que cualquier ejecutivo regional podría acceder a sus recursos, al margen del criterio d e riqueza... ¿Cómo reaccionarán las distintas comunidades? Existe el riesgo de que, para dar satisfacción a todas, se ofenda, agravie o moleste a casi todas... Anticipándose a la revelación de las futuras cifras que serán debatidas en el Consejo Fiscal y Financiero, ya se han producido las primeras reacciones, no todas ellas esperanzadoras ni felices: En particular, llama la atención la actitud del PP, que en esta materia ha venido proporcionando reacciones contrapuestas -felicidad de Esperanza Aguirre, críticas de Cospedal, cautela de Francisco Camps, recelo de los castellano leoneses...,  y  descoordinadas.

   Ahora, el PP ya anuncia su propósito de no apoyar el nuevo modelo, sin lograr, sin embargo, que sus "barones" asuman las críticas al modelo. Hay división interna evidente, y Cristóbal Montoro advierte que la Oposición al nuevo sistema de financiación corresponde al partido, y no a las Comunidades Autónomas concretas, y que ese nuevo sistema generará más déficit público y agravará la crisis;  Montoro ha vuelto a convertirse, como ante tantas otras propuestas del gobierno, en el profeta del desastre. Rajoy calla y contempla... A su vez, se aprecian discrepancias en el seno del tripartito que gobierna Cataluña: Esquerra la tacha de parche, a la espera de conocer las cifras finales de la propuesta,  mientras el PSC muestra su confianza en que la solución acordada satisfará a Cataluña, y observa voluntad de cumplir el Estatut. Miquel Iceta, del POSC, señala que "la música suena bien, pero hay que esperar a conocer la letra". Más bien las cifras... Los convergentes prefieren esperar y ver...

   El Gobierno tiene previsto rematar en las próximas horas ese documento esperadísimo, todavía sin cifras. ¿Satisfará a todas las Comunidades, como anunció Zapatero, o a ninguna? Usa cosa es cierta: no son éstos los mejores tiempos para repartir ingresos escasos. Pero no es menos cierto que la población española  ha aumentado considerablemente desde que entró en vigor la fórmula de financiación que ahora trata de renovarse y actualizarse, en 2002: Somos cuatro millones trescientos mil más, hasta superar los 46 millones, según los datos del primero de enero del año que termina. No cabe duda de que el impacto de la emigración ha sido importantísimo, y que se hacía preciso remozar y renovar los criterios para que los Gobiernos regionales puedan atender las necesidades más perentorias en cuestiones esenciales, La sanidad, la educación...