El PP interroga a Aguirre, Granados y Prada por el supuesto espionaje

Cospedal ha asegurado que se fía de la palabra de Aguirre, que ha sido "rotunda" al negar cualquier implicación de su Ejecutivo, mientras que el propio Francisco Granados apuntó este viernes en sendas entrevistas radiofónicas que si algún funcionario espía en la Comunidad no lo hace desde luego bajo sus órdenes. En imágenes difundidas a los medios, recalcó que el personal de su departamento sólo ejerce como escolta.

Rajoy asegura confiar tanto en la lideresa como en Alberto Ruiz-Gallardón [descarta que esto le beneficie frente a su rival política] cuando dicen que ninguno está detrás de la filtración de los dossieres de espionaje para perjudicar al otro. Ahora bien, sí tiene en cuenta que el escándalo ha coincidido en el tiempo con la lucha de poder de Caja Madrid. Por si acaso, y aunque Gallardón no se ha disculpado con Aguirre por dirigir las sospechas hacia su Consejería de Interior, Rajoy ha pedido a ambos mesura y tino en sus declaraciones sobre este tema.

Este viernes, como un aviso a navegantes, el presidente del PP aseguró en Intereconomía que actuará "de forma fulminante sea quien sea" el responsable: "10,4 millones de votantes del PP y sus 700.000 militantes tienen derecho a que se actúe con contundencia". Las elecciones vascas, las gallegas y las europeas, por este orden, están a la vuelta de la esquina y el enfrentamiento entre sus dos mayores 'recaudadores' de votos, con acusaciones de espionaje incluido, sólo pueden contribuir a un nuevo descalabro electoral que le pondría de nuevo en la picota dentro de su propio partido. A este se suman críticas como la de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que ha reclamado a Rajoy que dé una explicación de lo que ocurre a los ciudadanos.

La oposición ejercerá de acusación
Respecto a la parte judicial de la polémica, él periodista de 'El País' responsable de las informaciones entregó este viernes al juez la documentación que obra en su poder. Interior prepara la suya y niega cualquier estructura de vigilancia. Dado que ni Esperanza Aguirre ni la dirección nacional del PP van a tomar decisiones hasta que haya pruebas concluyentes, el Partido Socialista de Madrid y la dirección regional de Izquierda Unida van a presentarse como acusación popular en el caso de que la Fiscalía encuentre indicios de delito.

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, anunció este jueves la decisión recalcando a Esperanza Aguirre que "el consejero Francisco Granados no puede seguir dirigiendo Justicia e Interior en tanto no se aclaren estos extremos". Gómez no da validez a las declaraciones de inocencia de éste, por lo que llegó a asegurar que "las cárceles están lleva de gente que dice que es inocente". Unas palabras que David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, ha calificado de "despreciables".