En el doble referendo llevado a cabo ayer, la primera consulta permitió la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado con el 60% de los votos, mientras que en la segunda consulta se definió como superficie máxima para la propiedad privada 5.000 hectáreas. Todo el terreno excedente a este límite es considerado latifundio y la ley da al Estado potestad para su expropiación.
Según los resultados estimados por la Red ATB, el 78,4% de los bolivianos aprobó la opción de 5.000 hectáreas, mientras que sólo un 21.6% marcó la casilla de 10.000 hectáreas, en este tema, las otras cadenas televisivas, mostraron leves diferencias.
Santa Cruz, Beni y Pando
Incluso en Santa Cruz, donde se dio la mayor resistencia a la delimitación de la propiedad privada en cuanto a tierra para la agricultura y ganadería, un 64% de los electores optó por la extensión más pequeña y sólo un 36% apoyó el margen de 10.000 hectáreas.
En Beni y Pando, donde también están las mayores extensiones de tierra en propiedad privada, ganó la primera opción con el 66 y 65 por ciento respectivamente, lo que muestra un apoyo contundente al recorte de tierras que el Gobierno tiene previsto.
Los departamentos con mayor porcentaje de votación, en la casilla de las 5.000 hectáreas, son La Paz (85%), Cochabamba (80%), Potosí (82%), Oruro (83%), Chuquisaca (75%) y Tarija (69%), según datos difundidos por el diario cruceño El Deber.
Expropiaciones
La tenencia de tierras, es precisamente uno de los temas que mayores conflictos y enfrentamientos ha generado en el país y en la elaboración del proyecto de la nueva Constitución Política del Estado, al punto que el tema llegó al referendo de ayer, 25 de enero.
Con los resultados de este referendo dirimitorio, el asunto está definido, por lo menos en cuanto a la extensión máxima se refiere, lo que queda pendiente es conocer si el Gobierno aplicará la nueva norma de forma retroactiva con la expropiación de tierras o sólo a las futuras adquisiciones, según señala el proyecto que luego fue modificado en el Congreso en consenso con la oposición.
Según el proyecto constitucional, también se expropiarán las tierras que no cumplan con la función económica y social, y aquellas en las que se detecten relaciones de servidumbre o esclavitud entre patrones y empleados.
El límite anterior es de 50 mil hectáreas de tierra para la propiedad ganadera, con la nueva Constitución éste se reduce drásticamente a 5.000.
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