Admitida a trámite la demanda del alcalde de Arroyomolinos contra el PSOE
viernes 13 de febrero de 2009, 10:48h
Actualizado: 14 de febrero de 2009, 10:32h
El juzgado de Primera Instancia de Navalcarnero admitió a trámite la demanda del alcalde de Arroyomolinos, Juan Velarde (PP), contra el PSM-PSOE por "lesión del derecho al honor y a la imagen" tras imputarle "hechos y conductas que son inciertos y difamatorios" en varias ocasiones, según informó este viernes el Consistorio.
El primer edil exige ahora "responsabilidades" por las imputaciones de los socialistas, sobre todo, en el caso de su actuación ante el complejo acuático La Dehesa, después de que, el pasado 20 de noviembre, el Partido Socialista presentase en los Juzgados de Navalcarnero una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos contra el regidor por la encomienda de la gestión de esta infraestructura a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Arroyomolinos (EMSV).
Según señalaron en su día los socialistas, en la sesión plenaria celebrada el 31 de julio del pasado año, Velarde hizo "caso omiso" a la advertencia de la secretaria del Ayuntamiento, quien habría manifestado que "no era la misma cosa" la encomienda que iba a aprobar el Pleno y lo debatido, días atrás, en la comisión informativa correspondiente.
Velarde, no obstante, decidió continuar adelante con el acuerdo, que fue aprobado finalmente por todos los concejales del Partido Popular. Para el Grupo Municipal Socialista, dicha aprobación pudo ser constitutiva de un delito de prevaricación, ya que -según su versión- el denunciado continuó adelante "corroborando de forma irregular una encomienda de gestión de indudable e importante trascendencia económica"
Además, consideró que podría haberse cometido un presunto delito de malversación de caudales públicos, ya que la aprobación de dicha encomienda conllevaba "importantes obligaciones económicas para el Ayuntamiento y para la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Arroyomolinos".
Ante las acusaciones, el equipo de Gobierno defendió que la encomienda contó con todas las resoluciones e informes técnicos y jurídicos favorables, y argumentó que se llevó a cabo "con la máxima celeridad y con el menor coste para los vecinos con el fin de conseguir el interés general del pueblo".