Transición hacia el Estado plurinacional

Franco Gamboa Rocabado

Transición hacia el Estado plurinacional

17-02-2009 Promulgada la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, es indudable que Bolivia se encuentra frente a una importante transición estatal. Se comprueba el paso del Estado republicano fundado en 1825 hacia lo que ahora se denomina el Estado Plurinacional; si bien esta novedad abrirá escenarios auspiciosos de reforma institucional y política, no dejan de preocupar algunos problemas o situaciones inconclusas, como por ejemplo la ruta indianista de la Constitución que tiene por lo menos tres contradicciones: primero, los indígenas no reconocerán un régimen electoral con la participación de árbitros institucionales neutrales porque demandan la identificación de circunscripciones especiales donde los futuros diputados sean elegidos directamente según sus usos y costumbres. Esto atenta contra los principios de igualdad y competencia en las mismas condiciones de todos los contendores políticos en cualquier tipo de elecciones democráticas.

Los futuros candidatos indígenas afirman que no aceptarán la participación de observadores internacionales ni de algún tribunal electoral. La segunda contradicción son los alcances de la justicia comunitaria, que ahora tiene el mismo rango institucional del derecho positivo. Aquí, directamente todavía no existe ningún código procesal indígena pues la justicia comunitaria es más simbólica y mítica. Tercero, nunca fue definido los contenidos pacíficos y democráticos del Estado Plurinacional que aparece en la nueva Constitución, por lo cual será víctima fácil de todo tipo de interpretaciones, entre las que podría surgir el pragmatismo manipulador de las élites políticas de turno, algo que lo relacionamos con los temores desde la revolución nacional de 1952; es decir, un temor que se traduce en las actitudes de los políticos criollos para utilizar a los indígenas por razones electorales y luego reproducir su pobreza junto con la marginación material de las culturas indias.

El Poder Ejecutivo, la oposición y el conjunto de la sociedad civil organizada deberán estar inmersos en el proceso de “transición y reformas estatales” de corto, mediano y largo plazo. La nueva Constitución tiene varios desafíos fundamentales. De manera inmediata, la adecuación progresiva de todo el ordenamiento legal a las directrices constitucionales, lo cual representa el largo plazo.

La adaptación del Estado boliviano a una nueva estructura de gobiernos sub-nacionales con la transferencia de funciones autonómicas en los ámbitos departamentales, regionales, municipales e indígenas es un proceso que jamás estuvo claro ni concertado.

El rediseño estatal con un fuerte componente de control social y participación de los pueblos indígenas en el sistema electoral, la administración de justicia y la toma de decisiones para la explotación de los recursos naturales estratégicos, presentará no sólo problemas prácticos, sino también vacíos de liderazgo. ¿Quién va a liderar qué, cómo y con qué legitimidad para materializar realmente las propuestas de la Constitución? Sería ingenuo y hasta absurdo pensar que únicamente Evo Morales liderará toda la transición o que él mismo encarna el éxito de las reformas estatales.

Debe definirse una estrategia coherente que conecte el nuevo diseño institucional previsto en la Constitución, con las políticas de desarrollo gubernamentales de largo plazo. Asimismo, el país no debe renunciar nunca a la necesidad de tener un nuevo “equilibrio de poderes” donde el sistema presidencial no concentre demasiada preponderancia. Siempre se necesitará la concertación política porque la aplicación de la Constitución no depende del MAS que, seguro, será rebasado por las exigencias reales de la transición estatal.

Franco Gamboa Rocabado, sociólogo político, miembro de Yale World Fellows

Diariocritico Bolivia