La secretaria de Estado informó que en 2008 hubo 50.000 autorizaciones de residencia de trabajo menos que el año anterior y que también descendieron en 30.000 las reagrupaciones familiares, que en 2007 alcanzaron las 128.161.
Además, el Gobierno prevé que esa tendencia a la baja se mantenga este año, a causa de las dificultades para acceder a un empleo: "La crisis económica tendrá un efecto directo y muy importante en la llegada de personas extranjeras y este resultado no debería extrañarnos porque el factor de atracción para venir son las oportunidades de empleo", manifestó Rumí en la presentación del Anuario de la Inmigración en España 2008.
El trabajo, editado por los expertos Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep Oliver Alonso, ofrece una visión multidisciplinar del fenómeno de la inmigración en España entre el cuarto trimestre de 2007 y la misma fecha de un año después, bajo el título 'La inmigración en la encrucijada', en referencia a la situación de este colectivo con la perspectiva de cambios legislativos y la crisis económica de fondo.
A su vez Rumí destacó que el aumento de la tasa de desempleo de la población extranjera durante 2008 no fue por destrucción de empleo, sino por el crecimiento de la población activa, "algo previsible cuando se autorizan las reagrupaciones".
En este sentido, el catedrático de Economía Aplicada Josép Oliver, ha explicó que durante el periodo analizado se produjo la incorporación de unos 450.000 extranjeros a la población activa de España, muchos de los cuales "pasaron a engrosar" la tasa de desempleados porque durante ese periodo no se crearon tantos nuevos empleos para ellos.
Así, la secretaria de Estado comentó que el pasado año no se registraron cifras que demostraran que la crisis hubiera afectado a los inmigrantes, pero reconoció "que ya se han producido descensos o contenciones de la inmigración legal que marcan el inicio de una tendencia" de reducción de los flujos migratorios.
Retornos voluntarios
Para afrontar estos cambios, Rumí insistió en que el Gobierno seguirá manteniendo la misma política de ordenación de la inmigración legal de acuerdo con las demandas del mercado laboral. "La inmigración es necesaria, tanto en momento de crisis como de expansión", ha señalado Rumí.
La funcionaria recordó que ya son más de 2.000 personas las que se han acogido al programa de retorno voluntario para desempleados que han acumulado su derecho de desempleo, y que otros 1.800 han vuelto a sus países ayudados por el programa de atención social gestionado por ONG.
Reforma de la Ley de Extranjería
La secretaria de Estado se refirió al anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, y confirmó que el texto, que contempla sanciones para quien promueva la inmigración, "no es restrictivo, sino equilibrado" y remarcó que el Gobierno incorporará las sugerencias que se hagan desde distintos organismos para mejorar la ley "siempre que no intervenga en ese concepto de política equilibrada".
Así, ha rechazado que el proyecto del Ejecutivo vaya a castigar la solidaridad con el inmigrante, tal y como afirman algunas ONG. "Ese artículo [el 53.2.C] deja muy claro que se entiende por promover la inmigración ilegal que quien habiendo propiciado que viniera una persona con una carta de invitación, y que se compromete por tanto a ser el responsable de que esa persona cumpla con la normativa, pasados los meses para los que está autorizado a residir en España no se va del país, sino que se queda", asegruó la Secretaria de Estado.
Además, Rumí dijo que le pareció "razonable" el aumento del periodo de internamiento de 40 a 60 días, otra de las críticas planteadas por el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, que también discrepa de la limitación de la reagrupación familiar para los mayores de 65 años.
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