Vuelve de nuevo la polémica sobre uno de los temas que más opiniones crea en nuestra sociedad. A parte de mostrarse a favor o en contra del asunto, la futura ley presentada por el gobierno inspira otro tipo de juicios sobre la conveniencia o no de que las menores de 16 años puedan abortar sin permiso paterno. La ministra Aído reconoció ayer que con la reforma "no puede estar de acuerdo todo el mundo" al tiempo que declaró que el Gobierno "no va a seguir criterios fundamentalistas". En cualquier caso, apuestan por una ley "a la europea y que solucione problemas".
Ley de plazos de 14 semanas
En el texto del grupo de expertos se recomienda al Gobierno una ley de plazos de 14 semanas ampliable a 22 cuando exista un grave peligro para la vida o salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto. En ambos casos, debe constar un dictamen médico con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que practique la operación.
Por otra parte, el comité considera que el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo debe regularse en la futura ley y no en el Código Penal. Es decir, que "en ningún caso" las mujeres que decidan interrumpir su embarazo "podrán ser castigadas con penas de prisión".
Los expertos también recomiendan que se reconozca la autonomía en la decisión a las jóvenes a partir de los 16 años sin que sea necesaria la autorización de sus padres o tutores. La ministra justificó esta postura diciendo que una joven de esa edad "puede casarse o tener hijos".
El informe plantea una ley de plazos que permita a las mujeres decidir libremente en torno a las primeras catorce semanas de gestación y hasta la semana veintidós, en dos supuestos: cuando exista un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto. En ambos casos, debe constar un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que practique la intervención.
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