La Fiscalía pide 3 años de cárcel para Del Olmo y 8 de inhabilitación

Presuntos delitos de prevaricación, amenazas, vejaciones y obstrucción a la justicia han sido las claves que llevaron en la tarde del jueves a que Javier del Olmo presentara su dimisión como consejero de Industria.

    Del Olmo compareció a las cuatro de la tarde en compañía de todo su equipo en una rueda de prensa en la que no se permitieron preguntas. Muy serio aunque aparentemente relajado, el consejero explicó a los medios en apenas diez minutos el motivo de su decisión, señaló que su principal tarea a partir de ahora va a ser "defenderme", y aseguró no albergar ninguna duda de que al final quedará demostrada su inocencia. También destacó que ahora tiene previsto incorporarse a su plaza en Renfe con sede en Bilbao.

    Hubo tiempo en su comparencencia para agradecer al presidente Miguel Ángel Revilla y a a la vicepresidenta Lola Gorostiaga su confianza y la oportunidad de trabajar "en beneficio de todos los que comparten conmigo la vecindad en todo el territorio de Cantabria". También dirigió unas palabras a su equipo por su "trabajo, dedicación, apoyo y cariño. Ellos han sido una pieza fundamental en la labor desarrollada, de la que ellos se deben sentir orgullosos". Finalmente, a las instituciones públicas con las que ha trabajado como consejero, a sus compañeros de partido y a la prensa de forma "cuasi universal".

    Esta decisión es el detonante de la primera crisis significativa en el gobierno regionalista-socialista, ya que en la historia de la coalición de ambos partidos es la primera vez que se produce una dimisión de estas características y en la del gobierno cántabro no ocurría desde la del responsable de Economía y Hacienda Federico Santamaría (PP) en 2001.

Los orígenes del conflicto

La carrera política en la Administración de Cantabria de Javier del Olmo comenzaba en 2003, cuando fue nombrado director general de Transportes, aunque un año después la coalición de Gobierno PRC-PSOE le nombró presidente de la Autoridad Portuaria de Santander.
   
Ocupando este cargo se dieron los primeros desacuerdos en cuanto a su gestión, como con el responsable de la Policía Portuaria, Antonio Martínez Sánchez, o con el directivo José María Río Oyarbide, despedido por del Olmo tras declarar en favor de un compañero en un reclamación de categoría. El Juzgado consideró nulo el despido, pero el caso pasó a la jurisdicción penal, que ha decidido abrir juicio.

    Tras esta sentencia, ambos perjudicados presentaron una querella a Del Olmo, que es la que se ha cobrado su dimisión, precisamente el mismo día en que se ha hecho realidad una de las grandes apuestas del consejero: la aprobación por decreto de la potenciación de la energía eólica en Cantabria.

    Ahora, del Olmo se despide de su cargo y pone en paréntesis su carrera política para enfrentarse a las acusaciones de la fiscal jefe Teresa Calvo, que pide para él tres años de prisión,  ocho años de inhabilitación para cualquier cargo público y 300 euros de multa.

    También se ha posicionado la acusación particular que representan dos trabajadores que fueron despedidos por el ex consejero cuando era presidente de la autoridad portuaria y cuya defensa pide dos años y medio de cárcel por obstrucción a la justicia, uno por prevaricación y ocho años y medio de inhabilitación, además de una indemnización de 24000 euros por daños morales.

    De momento, del Olmo tiene quince días para depositar 35.000 euros para asegurar posibles responsabilidades civiles. La fecha de la vista oral todavía no ha sido fijada.