El CGPJ archivará la queja por filtraciones del PP contra Garzón

El informe realizado por la Inspección del CGPJ revela que Garzón abrió una pieza separada e interrogó a la imputada Felisa Jordán y a su abogado para esclarecer lo ocurrido y considera que la posible responsabilidad por las filtraciones de la información referida a la denominada 'Operación Gürtel' "ha quedado muy difuminada, pues han sido muchas las personas que, en un momento u otro, han tenido conocimiento de los datos reflejados por la prensa".

Por ello, concluye que no puede achacarse responsabilidad alguna a Garzón y que "no resulta posible la imputación de responsabilidades sancionadoras con base en datos probatorios no acreditados plenamente"

Informe de la secretaria
La secretaria de Garzón dictó una diligencia el pasado 9 de febrero dando cuenta de que en medios de comunicación digital publicaban esa misma tarde "transcripciones de las grabaciones telefónicas que integraban la denuncia de la Fiscalía" que dio origen a la causa.

A este respecto, señalaba la secretaria que los datos estaban bajo su custodia en el Juzgado "excepto por el tiempo necesario para que por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal realizaran, por su servicio de transcripción, la materialización de las mismas en formato papel, siendo dicho extremo confirmado por el funcionario que tramita esta causa, quien así me lo comunica y doy fe".

Añadía que ese mismo día, a las dos y media de la tarde, entró en el Juzgado un oficio emitido por la Fiscalía Anticorrupción y que ella constató que "parte de su contenido fue objeto en publicación en medios de comunicación con anterioridad a que dichos documentos entraran en este Juzgado".

El informe de la Inspección también da cuenta de las actuaciones realizadas por la propia Fiscalía para detectar filtraciones, que concluyeron que no había constancia de que el Ministerio Público estuviera filtrando información y que la denuncia había estado en todo momento "a la plena disposición del denunciante, que ha podido hacer de ella el uso que haya estimado oportuno".

Por todo ello, el Servicio de Inspección del Consejo concluye que en este caso no ha existido prueba alguna de que la filtración haya procedido de instancias judiciales. Afirma que los datos, pese a encontrarse bajo la custodia de la Secretaria del Juzgado, estuvieron un tiempo en poder de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la UDEF, y que parte del contenido del oficio remitido por Anticorrupción "fue objeto de publicación antes de que entrara en el Juzgado".