El portavoz de CiU en el Parlament, Felip Puig, afirmó este viernes que el presidente de la Generalitat, José Montilla, "no puede seguir engañando" a los catalanes, sino que "debe tomar una opción" ante las alegaciones de los abogados del Estado sobre el Estatut en el Tribunal Constitucional (TC).
Puig pidió asimismo una reacción a PSC y ERC, "especialmente", pero también a ICV-EUiA, y dijo que republicanos y ecosocialistas tienen "independencia de actuación", en vez de la "dependencia orgánica" del PSC respecto al PSOE. Reclamó ERC que "abandone la comodidad" de ocupar el poder y que también "tome posición", anteponiendo los intereses de Catalunya a los de partido. "Que piensen si han elegido el mejor aliado", añadió Puig en alusión al pacto de Gobierno con los socialistas catalanes.
En cuanto a éstos, precisamente, el dirigente de CiU exigió saber si estarán "al lado" del PSOE, y se preguntó "a quién intenta engañar" el PSC y "en qué posición está realmente". Destacó que el presidente catalán y dirigente socialista José Montilla declaró este mismo jueves que "aún es pronto" para quejarse del Gobierno central por el Estatut.
Además, Felip Puig dijo en rueda de prensa que en el debate parlamentario sobre el despliegue estatutario, forzado por los convergentes, se verá si Montilla defiende las alegaciones del Estado que las del Parlament. En este sentido, el diputado de CiU en el Parlament Francesc Homs contrastó las alegaciones de la abogacía del Estado sobre el Estatut con las alegaciones que presentaron los letrados del Parlament contra todos y cada uno de los recursos existentes contra la norma.
"Crisis de dimensiones trascendentales"
En cualquier caso, Felip Puig consideró demostrada la "hipocresía" del PSOE con las alegaciones de la abogacía del Estado, y subrayó que son del 2 de noviembre, "el día siguiente a las elecciones catalanas". Para él, esa fecha confirma que el PSOE "no defenderá la ambición recogida en el Estatut".
Puig reiteró, en cambio, que la norma catalana "no puede ser rebajada por el TC por presiones políticas antes de empezar su despliegue", y advirtió de que "toda alteración" del texto significaría "la apertura de una crisis de dimensiones trascendentales e históricas". Añadió que interpretar el Estatut a la baja antes de desplegarlo "significaría volver al 30 de septiembre" --el proyecto aprobado en el Parlament--, "poner el contador a cero" y "abrir de nuevo el conflicto" sobre las ambiciones de Catalunya.
Reunión del Consejo sobre el Estatut
El portavoz convergente también valoró la primera reunión del Consejo para el impulso y el seguimiento y despliegue del Estatut. En ese encuentro, con representación de todos los grupos del Parlament y presidido por el vicepresidente de la Generalitat, CiU propuso que se hagan siete informes.
Según la federación, en el próximo encuentro del Consejo se concretará qué informes se deben acabar realizando. En concreto, CiU propone informes sobre las condiciones económicas y materiales para traspasar Cercanías; sobre el calendario y condiciones del despliegue de un modelo aeroportuario catalán; sobre el desarrollo del Estatut en cuanto a la competencia exclusiva en servicios sociales.
También plantean sendos informes sobre un modelo catalán de administración y función pública; sobre el calendario y condiciones del consorcio de la administración tributaria entre Estado y Generalitat; sobre la aplicación de la disposición adicional tercera del Estatut; y sobre el despliegue estatutario en cuanto al catalán en la enseñanza.
Carod admite que sería preocupante "si tienen repercusión legal"
Por su lado, e vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, restó importancia a la interpretación restrictiva del Estatut que hacen los abogados del Estado en sus alegaciones a los recursos contra el Estatut en el Tribunal Constitucional (TC), insistiendo en destacar "la parte positiva" de que "defiende la constitucionalidad" del texto, aunque admitió que si esta visión a la baja "tiene repercusiones legales, lógicamente habría preocupación" en el seno del Govern.
Carod aseguró que esta preocupación no existe aún, a la espera de que los servicios jurídicos del Gobierno catalán "estudien con detenimiento" el informe, del que el Govern tenía conocimiento pero no había tenido acceso hasta hoy, y destacó que "la preocupación existiría si este documento hubiera sido elaborado ahora, como consecuencia del contexto de crispación en la política estatal", cosa que descartó en tanto que la fecha de emisión del informe es el de 2 de noviembre.
El vicepresidente consideró que el documento de los abogados del Estado, que resta trascendencia política a muchos artículos del Estatut y hace una interpretación de esta norma favorable a la potestad y competencias del Gobierno central, "tiene dos caras, la positiva porque defiende la constitucionalidad del texto", mientras que "la preocupación puede venir en la medida que algunos criterios interpretativos se alejen de la interpretación generosa y abierta que hace la Generalitat" del Estatut.
"Si esto se constata que más allá de la visión política y tiene repercusiones legales, lógicamente habría preocupación, puesto que todo lo que limita el margen de maniobra del Govern, limita el bienestar de la sociedad catalana", afirmó Carod.
Aun así, insistió en reclamar que "no se dé más importancia de la que tiene" al informe y en "no crear alarmismo" respecto a una posible aplicación a la baja del Estatut por parte del Estado, en base a la interpretación de la norma que hacen sus abogados, alegando que "sería más alarmante que el Estado dijera que el Estatut no encaja en la Constitución".
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