Querer tapar el sol con un dedo. Esto parece ser lo que intentó hacer el ministro del interior, en la sesión de control en el senado cuando el senador del PP Luis Peral Guerra, pidió explicaciones sobre las denuncias de los sindicatos policiales, en relación con el supuesto establecimiento de cupos de detención de inmigrantes.
Negó que la policía haya realizado redadas para detener inmigrantes ilegales, tras recordar que en España estas actuaciones están prohibidas por la Constitución. Pero las denuncias ahí están. Lo que parece increíble es que esto suceda durante un gobierno socialista y que quienes lo reclamen pertenezcan al partido opositor.
A pesar de todo, por fin un tema que nunca se debatía ha salido a la palestra y ha ocupado grandes titulares, lo que es un peldaño para que las asociaciones y sindicatos evalúen el tema y pasen a la denuncia, ante una práctica que a día de hoy sigue haciéndose. Los sindicatos de la policía de España han sido muy valientes: con fecha 17 de febrero han emitido un comunicado manifestando que, desde el 2008 es interés prioritario el aumento de las redadas ; días antes de la comparecencia del ministro del interior, ellos ya habían enviado un documento al Defensor del pueblo, a la Fiscalía General del Estado y a otros grupos parlamentarios, sobre prácticas policiales que consideraban podían atentar contra los derechos constitucionales y poner en riesgo la seguridad jurídica de los policías; solicitaban le les dijera si era correcta o no su actuación. ¿En qué país vivimos para llegar a este grado de incertidumbre?
Parece ser que nadie ni el ministro del interior cree lo que está pasando, sin embargo es una acción que se puede comprobar. Basta verificar la actividad de las dependencias policiales en los últimos meses, de la que constituye un indicador el número de inmigrantes detenidos.
Rubalcaba también ha insistido en que desde el Ministerio no se ha dado ninguna instrucción para fijar cupos de detención de inmigrantes "Ni el ministro, ni el secretario de Estado, ni el director general de la Policía, ni siquiera el director adjunto operativo" han dado instrucción alguna en ese sentido, ha reiterado el ministro del Interior.
Hoy en día los inmigrantes sin papeles viven con temor y prefieren no usar las paradas de metro, locutorios e incluso discotecas donde la policía suele solicitar documentos.
Muchos son los que se han sumado a defender que no debe haber redadas indiscriminadas. Ante tanta contradicción, el tema exige un replanteamiento y nos lleva a preguntarnos: ¿Es admisible un control de los sin que su práctica afecte a la dignidad de la persona? ¿No atenta Eloy contra el artículo 10.1 de la Constitución Española? ¿Con estas medidas no se incentiva un estado discriminatorio y racista? ¿Estas acciones no lleva implícita la difusión de los actos discriminatorios? ¿Acaso no difundimos un mensaje equivocado inmigración versus delincuencia? ¿Donde se sitúan las políticas de integración?
El gobierno debe hacer una evaluación real y urgente y generar un gran pacto social en torno a la inmigración que le permita llevar a cabo acciones oportunas y adecuadas para que no se generen ni alienten la discriminación y el racismo. Dentro de u estado de Derecho, no cabe duda de que son mejores las acciones preventivas que las represivas.
Especialista en Inmigración y DDHH.
Presidenta AIEPE
Asociación de Investigadores y Estudiantes Peruanos en España
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