Las diferencias entre los Gobiernos de Aguirre y Zapatero son evidentes y quienes mejor lo saben son los jueces del Tribunal Constitucional. Madrid ha recurrido alrededor de una decena de normativas estatales en los últimos años. El Ejecutivo central se lo piensa más antes de acudir a la justicia.
La Ley Estatal del Suelo, la de Patrimonio Natural y la de Hidrocarburos, el real decreto que regula los bancos de cordón umbilical, la concesión de subvenciones en formación e, incluso, la ubicación de una taquilla de venta de billetes de autobús. Estas son algunas de las normas estatales recurridas por el Gobierno regional en los últimos años.
La defensa de las competencias regionales ha sido el mínimo común denominador de todos estos recursos, que, además, han ido acompañados de su dosis de carga ideológica. Así, el consejero de Economía, Antonio Beteta, se refirió a la Ley estatal del Suelo como "totalitaria"; y Aguirre afirmó que el Real Decreto de bancos de cordón umbilical ataca "la libertad individual y "la libertad de empresa" o que la Ley de Hidrocarburos favorecería los monopolios.
Caso omiso
A veces la Comunidad no recurre una ley, sino que no la asume. Así sucedió con la Ley Antitabaco. El Gobierno regional optó por una normativa que rebajaba los requisitos del Gobierno central. Esta decisión fue llevada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Elena Salgado. Hace unos meses la Justicia dictó sentencia a favor de Gobierno central y Madrid anunció que la recurriría.
La misma situación se dio con la asignatura Educación para la Ciudadanía, que no se impartió en Madrid hasta la sentencia del Tribunal Supremo que la avaló. El próximo caso podría ser una norma que prepara la Consejería de Medio Ambiente para permitir que los animales muertos por causas naturales no sean retirados del campo y sirvan de alimento a las rapaces, algo que va contra la legislación estatal.
Ley de Cajas y agentes forestales
Por su parte, el Estado también se ha dirigido a los tribunales en sus enfrentamientos con Madrid. El caso más reciente ha sido el recurso que presentó ante el Tribunal Constitucional por la Ley de Cajas de la Comunidad, que había abierto una batalla política entre los diversos sectores representados en Caja Madrid. El Gobierno justificó esta decisión porque la norma regional no respetaba los criterios de la ley estatal. Además, fue muy sonado el recurso a la Ley de Medidas Urgentes presentado por la ex ministra Cristina Narbona en defensa de los agentes forestales de Madrid.
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