La acusación era por delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil por la operación Croesus, última pieza separada del 'caso Kio' que juzgó el desvío de 17,4 millones de euros.
El Alto Tribunal acepta el argumento de prescripción del delito y explica que "todo el edificio jurídico impugnativo cae por su base" al aceptar que se produjo "una sola infracción punible", cuya prescripción es de cinco años, y no delitos continuados, que prescriben en una década.
La Fiscalía Anticorrupción pedía nueve años de cárcel para el empresario catalán por su responsabilidad en el desvío en 1988 de dicha cantidad desde su puesto de vicepresidente de la papelera española Torras Hostench, posteriormente Grupo Torras, participada en un 24,6% por Kuwait Investment Office (KIO).
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