“Parece que ha habido más bien una influencia de Perenco hacia otras compañías, con amenazas incluso, lo cual sería terrible para el país. De comprobarse eso tomaremos medidas muy fuertes contra la compañía”, dijo el ministro de Minas y Petróleos, Derlis Palacios.
El gobierno esperaba rematar el viernes 1,4 millones de barriles de crudo que había embargado a la empresa francesa, pero no recibió ninguna oferta lo que levantó sus sospechas acerca de una supuesta interferencia en la subasta.
“Si es que han tenido interferencia, vía amenazas, para que no haya oferentes, eso sería muy grave y tendríamos graves consecuencias”, declaró Palacios a radio Sonorama.
El pleito con la empresa se originó en una polémica repartición de ganancias extraordinarias por las entonces altas cotizaciones del crudo.
El Gobierno exigía inicialmente el 99% de esos recursos, luego planteó una redistribución de 50% a cambio de que las compañías firmaran contratos más favorables para el Estado.
Las partes no llegaron a acuerdo, tras lo cual el gobierno ecuatoriano embargó el 70% de la producción de Perenco para cobrar parte de la deuda, que alcanza los 327 millones de dólares.
La petrolera interpuso un arbitraje ante un centro de arreglo de diferencias adscrito al Banco Mundial, que dispuso la suspensión del embargo en un fallo no acatado por Quito.
Perenco extraía hasta marzo unos 25 600 barriles diarios en Ecuador (casi 10% de su producción mundial de 260 000 b/d según su página web) , bajo un contrato que dejaba al Estado 18% de la producción.
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