La irresponsabilidad social empresaria despierta antipatía a la minería en Neuquén

Claudio Gutiérrez

 

La irresponsabilidad social empresaria despierta antipatía a la minería en Neuquén

 

04-06-2009  La provincia de Neuquén, ubicada en la Patagonia argentina, posee unas de los más variados recursos naturales del país. A su conocido potencial hidrocarburífero, sus abundantes ríos y lagos, sus bellezas naturales, el desarrollo turístico, la producción de frutas, vinos, y la ganadería ovina y caprina, se le agrega un importante reservorio de minerales.

 

Los cambios estructurales producidos desde el estado provincial al desconcentrar las pertenencias de zonas mineras manejadas desde la empresa estatal Cormine, Corporación Minera de Neuquén, aparecieron empresas privadas interesadas en realizar cateos y prospecciones.

 

En esta apertura, donde además es asociativa entre de exploradoras y empresa pública, se comenzaron a realizar cateos para determinar la existencia de posibles blancos explotables a un futuro de mediano plazo.

 

Algo que no pueden prever, y deberían hacerlo, los contratos o autorizaciones para buscar minerales comerciales, es el marco de conducta social que las empresas exploratorias deberían poseer en su relación con la comunidad lindante y con la opinión pública en general.

 

Cuando se habla de relación, no es la de un acuerdo comercial por el uso de las tierras, denominadas contrato con los superficiarios, sino de un manejo efectivo y real de la comunicación.

 

Es necesario, entiéndase obligatorio, que las empresas exploradoras informen al detalle de que se trata su operación. Qué hacen, qué buscan, cómo lo hace, para qué lo hacen y dónde y cómo lo efectúan.  Esta secuencia básica, hiper conocida en la comunicación, debería ser el pilar de la interacción social de la exploración minera, más cuando existe cierta desconfianza instalada en la sociedad sobre las artes del sector minero.

 

Es la faceta de la exploración el primer eslabón de comunicación que hacen estas sociedades.  Desde el momento que acceden a la zona, hay que enunciar e informar.

Ya no basta con mostrarse educados y respetuosos. Hay que ejercerlo en toda su plenitud.

 

No hacer esto produce el rechazo y la denuncia social. El mal manejo de la información y relaciones con la comunidad son consideradas parte de una estrategia de “negocio sucio”. Y esto despierta la reacción de la sociedad que con elementos mínimos se agrupa y comienza a objetar a estas empresas de exploración que operan en las adyacencias de su ciudad, paraje o comuna.

 

Los sucesos de Loncopué, en la provincia de Neuquén, son un claro aviso de lo mal que operan algunas empresas mineras. Aquí existe un rechazo orgánico y multitudinario hacia la exploración de los recursos geológicos, que se desprenden de la desconfianza y los antecedentes de la industria. La comunidad se manifestó en las calles y llegó con su reclamo a la Legislatura, la Universidad Nacional del Comahue y al propio gobierno.

 

No sirve saber cuantos hay de un lado y cuantos del otro, a favor o en contra. No importa el tenor del derecho. La ausencia de claridad en los conceptos y la mezcla de cuestiones ambientales, ideológicas y jurídicas son sólo una miscelánea infructuosa que se debe separar para poder dialogar.

 

Desde las principales esferas técnicas y jurídicas, en pos del desarrollo minero, ya se demandan que el manejo de los recursos naturales debe tener consenso y garantía de control en las comunidades organizadas.

 

Consenso significa dialogar, establecer pautas de entendimiento. Y garantía de control es que el Estado cumpla su rol y ejecute políticas de cauciones. Como sucede que estos resortes no dan garantía, en ese dialogo se deberían buscar interlocutores válidos y socialmente creíbles que sí den garantías. Estamos hablando de ONG o universidades.

 

El rechazo social, aun desde vagos nociones de conceptos tecnológicos, deben tenerse en cuenta porque no es obligación del soberano ser erudito en la materia. Este síntoma exige una lectura social profunda. A simple vista se puede arriesgar que hay quienes no hacen una lectura fiel o no están a la altura de la exigencia social, y también existe la variable de que no desean hacerlo por responder a intereses mezquinos.

 

La irresponsabilidad social empresaria no debe atarse a la dureza de la ley vigente. Y buscar hacer cumplir sus derechos a costa del enfrentamiento social. No, no es el camino.

 

Es difícil mantener un equilibrio entre intereses opuestos. Pero no hay duda que desde el ejercicio de un auto proclamado autismo, las empresas no pueden avanzar sin el consentimiento de la comunidad. Sin haber intentado caminos y puentes de diálogo.

 

Tampoco sirve la agitación social del referentes que buscan obstruir y plantear el concepto de tierra de nadie, tal como lo implementan actores sociales disconformes con la industria minera.

 

En el caso particular de Loncopué, si la empresa minera de capitales chinos que desea explorar no cambia de métodos, no se encontrará solo con el rechazo social, demostrará que sus intereses son extra productivos y caen en la especulación del daño que podría recurrir a resarcimientos económicos. Y ese sólo pensamiento reanima el concepto de mayor irresponsabilidad.

 

Si se acentúa esta postura se ingresará en la mala praxis empresarial, aun desde sus legítimos derechos. Además estaría dañando aun más la alicaída imagen minera.

 

Aquí el Estado debería dejar en claro que no se acompaña la especulación y si defender el estado de derecho de los que quieren hacer bien las cosas.  Y hay muchas empresas que así lo testimonian.