El Congreso da 'luz verde' a la liberalización en los servicios

   La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, defendió que la transposición es una "oportunidad extraordinaria" para reformar "en profundidad" la regulación de un "sector crucial" como es el de servicios, con un "enfoque ambicioso" que permitirá, según sus cálculos, crear 200.000 empleos, incrementar en 1,2% el PIB y una importante "mejora" en cifras de competitividad y consumo. 

   Frente a los recelos de IU y BNG, Salgado aseguró que la nueva norma no sólo no afecta a la regulación del empleo y a las condiciones de trabajo, sino que permitirá "simplificar al máximo" los procedimientos administrativos del sector, reduciendo las restricciones a la actividad, lo que redundará en un incremento de la calidad, la inversión y los puestos de trabajo.

   Asimismo, señaló que es "especialmente respetuoso" con las competencias de las comunidades autónomas y establece nuevos mecanismos de colaboración con las administraciones públicas, con la creación de la 'ventanilla única' y en lo referente a las autorizaciones para las licencias de aperturas.

      Con la tramitación de este proyecto de ley, el Congreso inicia la trasposición de la directiva de servicios de la UE que se completará cuando las Cortes empiecen a estudiar el proyecto de ley que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, conocido como 'ley ómnibus' y que modifica 47 normas españolas.

Directiva Frankenstein

IU y BNG expresaron su rechazo frontal a la transposición, al considerar que profundiza en muchos de los elementos más problemáticos de la Directiva Bolkenstein, y abre la vía a una "reducción de los estándares" de protección de derechos sociales y laborales confundiendo "burocratización con control público", por lo que reivindicaron la "autorregulación voluntaria". 

   En este sentido, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, acusó a Salgado de ser "más papista que el Papa" en la transposición de la norma, a la que rebautizó como "Directiva Frankenstein", y aseguró que el proyecto de ley lleva "aún más allá" lo dispuesto en la norma comunitaria, perjudicando a los sectores más vulnerables. "No le arriendo la ganancia", remachó Llamazares, quien señaló que con irresponsabilidad y prepotencia no se superará la crisis.

   Por su parte, la diputada del BNG, Olaia Fernández Dávila,  denunció que el Gobierno aprovecha el proyecto de ley para realizar una "recentralización de competencias encubiertas", recortando sustancialmente las atribuciones autonómicas de regulación sectorial de actividades, al tiempo que "avanza en la senda de la desregulación" de múltiples sectores en una línea "claramente liberalizadora".

PP: "Se han quedado cortos"

   Por su parte, el diputado 'popular' Álvaro Nadal lamentó que la Directiva esté "limitada" en los sectores a los que se aplica y contempla un gran número de excepciones, por lo que su implantación varía dentro de la misma Unión Europea. En este sentido, lamentó que la transposición española se "ha quedado corta" en lo referente a la liberalización y no busca la unidad de mercado. 

   El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre mostró el rechazo de su formación a las enmiendas de devolución, aunque expresó su "inquietud compartida" con IU y BNG por algunos aspectos del proyecto de ley en lo referente a la "conculcación" de las competencias autonómicas frente a lo que determinaba la Directiva original, por lo que apostó por corregir estos "aspectos débiles" de la transposición.