Este servicio de vigilancia privada externa reforzará el que prestan las Fuerzas de Seguridad del Estado, según se indica en un comunicado remitido a diariocrítico por este Departamento del Gobierno central.
Por ejercicios, añade el comunicado, durante el presente año 2007 la inversión prevista en Andalucía es de 405.357,07 euros, mientras que para 2008 se destinarán 606.808,65 euros y para el periodo correspondiente de 2009 un total de 207.196,06 euros.
El plan que comienza a aplicarse el 1 de abril fue aprobado el pasado mes de febrero por el Consejo de Ministros para aquellas Comunidades Autónomas que habían denunciado falta de seguridad en los edificios judiciales.
Asimismo, estas medidas comenzarán a funcionar en las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Cantabria, Cataluña, Murcia, Islas Baleares, Aragón, La Rioja y Comunidad Valenciana.
El importe global de este contrato para las 12 Comunidades Autónomas, agrega la fuente, es de 18.269.613,51 euros, de los cuales 17.745.51351 se destinan a vigilancia, mientras que los 524.1000 euros restantes irán a parar al apartado de inversión en sistemas de seguridad pasiva.
El Ministerio de Justicia decidió tomar esta medida a petición de varias Comunidades que han sufrido distintos altercados en edificios judiciales, donde la presencia de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a la vigilancia de los edificios judiciales es escasa.
Por ello, y aparte de que está prevista la incorporación de personal de la Guardia Civil, se ha decidido recurrir a servicios de seguridad privada externa como complemento y refuerzo de la actuación policial.
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