Denuncia a España, pero después de recibir subvenciones

La denuncia contra España ha sido interpuesta por la familia de Luis Dorado, diputado socialista asesinado en 1936, ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y alegan, según el diario Público, que "la pasividad del Estado al no esclarecer el paradero del desaparecido o las circunstancias de su muerte, la falta de asistencia a la familia y la ausencia de investigación exhaustiva representan violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

Sin embargo, los hechos denunciados pueden no ser ciertos, al menos la argumentación de la familia del fusilado: Fernández de la Vega ha confirmado, en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que el nieto de Luis Dorado, Antonio Gutiérrez, se ha dirigido a la Administración española "en varias ocasiones y en todas le hemos atendido". Ha dicho, además, De la vega, que Gutiérrez ha solicitado subvenciones varias veces para "proceder, de acuerdo con los criterios de la Ley de Memoria Histórica, a exhumaciones y averiguaciones, tanto en 2008, año en que se le concedió la subvención que había pedido, y como en 2009, que está en tramitación y se resolverá en el plazo de unos días".

Según De la Vega, el Ejecutivo desconoce el contenido de la demanda: "Todavía no nos ha llegado, ni siquiera sabemos si ha sido admitida a trámite", aunque dijo respetar la decisión de este ciudadano de acudir al Tribunal de Estrasburgo.

De la Vega recordó que hay una ley de Memoria Histórica y que el Gobierno está poniendo en marcha la "mayoría" de las medidas contempladas en la Ley. "Hemos puesto en marcha una oficina de atención a las víctimas", apuntó y añadió que "en estos momentos, en lo que más se está avanzando es en los protocolos y acuerdos que en muchos casos son competencia de las CCAA y corporaciones locales para apoyar a las víctimas" en su deseo de averiguación del paradero de sus familiares.

Concluyó afirmando que "el deseo del Gobierno es contribuir a reparar, en el marco de la Ley aprobada en el Parlamento, la memoria personal y familiar de las víctimas que sufrieron las consecuencias de la guerra civil y de la dictadura".

Así, según los datos aportados por De la Vega, y pendientes sólo de conocer el contenido exacto de la demanda planteada ante Estrasburgo, se podría estar ante un supuesto hecho fraudulento.