La ausencia de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es la ausencia del instrumento que se necesita para encarar el diseño de políticas públicas que nos pongan de cara a lo que deben ser las comunicaciones en una sociedad moderna y democrática.
Por eso, la sanción del proyecto que por estos días se debate en diversos foros federales debe ser ineludible.
La actual ley 22.285 “de Radiodifusión”, es otra vetusta herencia de la dictadura y lleva su impronta doctrinaria autoritaria, que se manifiesta desde su conformación original de su órgano de aplicación hasta la regulación de los contenidos de radio y televisión.
En este sentido, no posee un equilibrio entre derecho y tecnología, no contempla Internet, cable, modulación de frecuencia, satélite, televisión de alta definición ni digitalización.
Además, carece de una instancia de defensa del público usuario, al que no contempla como parte integrante del mundo comunicacional.
La radiodifusión es mucho más que un espacio de mercado, por lo que el Estado debe garantizar que el modelo comercial no predomine sobre el comunitario o el privado sin fines de lucro.
Asimismo, una ley que regule ese vasto espacio debe naturalmente contemplar propuestas de los más variados sectores, como las de la Coalición y sus 21 puntos, la de los empresarios y trabajadores de medios, universidades, cooperativas, movimientos originarios, radios comunitarias, autoridades provinciales, etcétera.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner, desde el Congreso prefiguramos un proyecto de ley que contemplaba esos consensos, pero la coyuntura distaba de ser la actual. Estamos seguros de que hoy se pueden incorporar novedosas miradas.
Por eso, es correcta la impronta del actual proyecto, que toma como un tema clave el de efectuar una interpretación adecuada desde la filosofía y el derecho administrativo.
No se puede plantear el modelo de comunicación desde una óptica exclusivamente liberal, como el de la subsidiariedad del Estado.
Los ejes ideológicos tienen que tener anclaje en el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural e informativa.
Por eso, entre las cuestiones más importantes a regular deben estar la producción regional, el respeto al público usuario, los límites a la audiencia potencial en áreas de cobertura primaria, la diversidad informativa y de esparcimiento, el rol de los medios de gestión pública, la accesibilidad regional, social y de los discapacitados a la información y los límites a la concentración de licencias. También es apropiado fijar un concepto de bidireccionalidad que regule los deberes del emisor y los derechos del receptor.
El proyecto impulsado por el gobierno reivindica, con acertado criterio, el ejercicio de administrador del Estado en el espectro radioeléctrico. No debe perderse de vista que las frecuencias de radiodifusión no son propiedad de ningún titular de licencias, sino un patrimonio de la humanidad y una construcción social del pueblo argentino; el Estado, en algunos casos, las da en uso con modalidad de gestión privada. Por ello, como filosofía de la ley, es justo fijar los modos de gestión de los medios, que la actual ley no contempla. Estos deben ser, como estipula el proyecto, el público, el privado con fines de lucro y el privado sin fines de lucro. Pero también debe haber lugar para medios de gestión autónoma, como los de las universidades. Se debe reservar espectro para cada uno.
La radiodifusión no es solo un espacio para hacer negocios: es un modo de vinculación entre la gente y es un ejercicio del derecho humano a la comunicación.
Si bien las modificaciones realizadas a la ley de la dictadura resultan insuficientes, cabe resaltar que durante la gestión de Néstor Kirchner se obtuvo un avance fundamental: el Congreso logró la modificación del artículo 45 y abrió así el espectro a sociedades no comerciales y de capitales sociales.
La sanción de una nueva Ley de Radiodifusión- Servicios de Comunicación Audiovisual es una deuda que se debe saldar.
No se trata de dar una respuesta a una situación coyuntural, sino de elaborar una norma racional, justa, solidaria y democrática, con la que todos los argentinos puedan hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones.
Osvaldo Nemirovsci
Ex presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados
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