Esperanza Aguirre explicó este miércoles que, según el preacuerdo "histórico" alcanzado para legalizar 14,2 kilómetros de la vía pecuaria de la Cañada Real, los ayuntamientos serán los encargados de realizar la ordenación de sus territorios, una vez se haya desafectado el suelo, mientras que el resto de administraciones, entre ellas el Gobierno regional, se encargarán de las medidas sociales.
Así lo señaló tras el principio de acuerdo que permitirá después de muchos años legalizar los terrenos en los que viven más de 40.000 personas. "Me comprometí a presentar un proyecto de ley que fuera fruto del consenso entre las distintas administraciones, los ayuntamientos afectados y los distintos grupos políticos", recordó la presidenta, que había asegurado que
se alcanzaría este acuerdo antes de verano.
Aguirre señaló que, en su opinión, con este principio se "va por buen camino" ya que según ella la región tenía este "lastre, este baldón, que es la instalación ilegal de tantas personas y tantas
familias con problemas sociales y problemas de exclusión, problemas muchas veces de delincuencia, en cuya raíz muchas veces está la ilegalidad de la situación de esas viviendas", añadió.
Por ello, apuntó que han dado "pasos adelante importantes" que van por el camino de acabar con
"la ficción y con la falsedad de decir que la Cañada Real era un paso de ganado", ya que, según indicó, hace que no pasa ganado por la Cañada Real "probablemente 40 ó 50 años". "Hay que terminar con esa hipocresía", apostilló.
Pero, para Ecologistas en Acción, los planes regionales sientan un
"peligroso precedente" para que "las personas que ocupan ilegalmente terrenos protegidos se sientan respaldados". La solución regional, a juicio de los ecologistas, es la "muerte anunciada" de un espacio medioambiental, después de "años de deterioro en el que las Administraciones han mirado para otro lado".
Que cada uno ordene su territorio
Los ayuntamientos tienen que ordenar urbanísticamente cada uno su territorio y dispondrán del plazo de
un año para presentar sus proyectos y seis meses para realizar un censo de fincas y ocupantes. El resto de las administraciones se ocuparán "las
medidas sociales que sean necesarias".
Todas las partes implicadas, incluida la Delegación del Gobierno en Madrid, que este miércoles recordó que "las medidas sociales deben ser lo primero", se reunieron este martes para alcanzar este principio de acuerdo. Tras terminar el encuentro, el Ayuntamiento de Madrid dio a conocer la noticia, algo que ha provocado, según fuentes cercanas a la negociación, cierto
"malestar" en la filas del Gobierno regional.
Por su parte,
el Partido Socialista de Madrid (PSM), que hace unos días se desmarcó presentando su propia propuesta en la Asamblea,
ha pedido a Aguirre una reunión para participar en las soluciones a este problema. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado lo propio al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.
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