Según informó el Gobierno, este programa "deja claro" que su ejecución corresponde a los ayuntamientos y sostiene que no le compete "fijar ni asumir" los costes económicos derivados del Plan. Así, afirman que en el caso de las indemnizaciones, "su complejidad y casuística hacen imposible concretar y cuantificar, a día de hoy, las responsabilidades que puedan corresponder a cada una de las partes implicadas".
Por el contrario, el papel de la Administración es el de "colaboración y coordinación" conforme al contenido de las sentencias y queda "circunscrito" a la labor de colaboración con todas las partes y operadores jurídicos.
La fijación de las posibles indemnizaciones, la responsabilidad de las distintas partes, los deberes y derechos derivados de las actuaciones y el resto de las cuestiones controvertidas jurídicamente deberán establecerse de manera individualizada y por los órganos competentes, explicaron.
Planes de derribos
Dentro de las estrategias del plan, se prevé la posibilidad de legalizar unas 400 viviendas, mediante la modificación de los actuales planeamientos urbanísticos municipales, y el derribo de las restantes, aunque con la posibilidad de promover alternativas urbanísticas para compensar a los afectados por el derribo de las viviendas que no puedan ser legalizadas. El Gobierno, así precisó que este plan de actuación no tiene un carácter cerrado y está abierto a posibles iniciativas por parte de terceros.
A la vista de este requerimiento, el Ejecutivo cántabro ha elaborado un plan de actuación, que ha sido presentado en el Tribunal Superior de Justicia, entregado en el Parlamento y distribuido a los ayuntamientos afectados, la Asociación de Maltratados de la Administración (AMA) y la asociación ecologista ARCA.
Un coste de entre 18 y 23 millones de euros
Todas las actuaciones que el Plan de Derribos recoge tendrá un coste de entre 18 y 23 millones de euros, según los cálculos que realiza el propio Ejecutivo en el documento. Estos costes en algunos casos incluyen la elaboración de nuevos planes generales de ordenación urbana o las compensaciones a los propietarios afectados.
Este documento, también, recoge una relación de las sentencias de derribo por incumplimiento de las normas urbanísticas en los distintos municipios costeros, y las actuaciones que se recomienda para subsanar estas situaciones.
En total, las sentencias afectan a unas 600 viviendas en los municipios de Arnuero, Argoños, Piélagos, Miengo y Escalante. El plan propone la legalización de unas 400, y el derribo de las urbanizaciones El Encinar de Arnuero, Cerrías 1 y 2 en Piélagos y La Llama en Argoños, si bien no fija cifras para las indemnizaciones a los afectados ni señala a quién corresponde hacerse cargo de las valoraciones económicas.
El programa plantea la actualización del Plan de Ordenación del Litoral (POL) para varios de estos casos y la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Para lograr la legalización, se proponen fórmulas como la articulación de sistemas de espacios libres adscritos a suelos urbanizables con aprovechamientos urbanísticos y compensaciones a los afectados y el desarrollo de suelos urbanizables no consolidados, a través de la tramitación de los Planes Generales de Ordenación Urbana, que se encuentran en distintas fases de tramitación, salvo los casos de Argoños, que lo aprobó en 2007, o Escalante, que lo ha aprobado inicialmente.
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