El destino de la Cañada, en manos de los municipios

Que cada municipio decida sobre su propio territorio. Esa es la idea del anteproyecto de ley para desafectar 14,2 kilómetros de la Cañada que presentará la Comunidad en los próximos días. Según aseguró la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, serán los municipios afectados quienes decidan el destino que quieren dar a los 14,2 kilómetros de Cañada que serán desafectados.

Así, Rivas, Coslada y Madrid dispondrán de seis meses para censar las fincas y habitantes con los que cuenta la Cañada en sus respectivos territorios. En un año, tendrán que haber decidido qué terrenos proponen para permutar, ceder o enajenar una vez que queden desafectados. Y, sobre la marcha, las Administraciones implicadas, "principalmente los Ayuntamientos", acordarán las medidas sociales necesarias para la población de la Cañada, actualmente estimada en unas 40.000 personas.

Mariño, que recalcó que la Comunidad tendrá la función de "tutelar" el proceso, no especificó cuánto durará todo el proceso, ya que "dependerá del tiempo necesario para cada medida" que se adopte.

"Una vez superado el principal escollo, que consistía en considerar estos terrenos como una vía pecuaria protegida cuando su deterioro era evidente y ya no servía como paso de ganado", Mariño explicó que el proceso culminará con la desafectación de los terrenos, si bien, recalcó, ello no supondrá la legalización de los asentamientos.

Sin derecho de propiedad
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, matizó que los residentes en la Cañada no tienen derecho de propiedad sobre los terrenos en los que se levantan sus viviendas porque el suelo es de dominio público (pasará a ser un bien patrimonial de la Comunidad de Madrid) que no está sujeto a usucapión ni ha sido objeto de un acto de enajenación, ni por parte de la Comunidad de Madrid, ni antes por la Diputación Provincial. "Si estas personas serán realojadas, será gracias a un ejercicio de solidaridad de la sociedad madrileña con aquellos que no tienen recursos", comentó. El regidor aseguró quie la legislación vigente no recoge derechos de ocupación pero se tratarán los casos de manera individual diferenciando entre la presencia por vivienda habitual (que provocará realojos) y la ocupación de distinto uso.

En todo caso, el primer edil defendió que es necesario que el acuerdo alcanzado por la desafectación condicionada a la ordenación urbanística, la intervención social y la integración de la zona en el entorno tenga carácter previo al plan de actuación, por lo que se tendrá que tener en cuenta los suelos colindantes incluidos en el Plan General para, a renglón seguido, pasar a la sectorización del terreno.

"Escuchar al PSOE"
Hace escasos días, el PSM había presentado una proposición de ley en la Asamblea para ordenar el asentamiento y, cuando el acuerdo interadministrativo para desafectar los terrenos se hizo público, este partido pidió a Aguirre una reunión para participar en el proceso.

Ana Isabel Mariño apuntó este jueves que el PSM ha ido "a rebufo", mientras la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, recordó al Gobierno regional que "debería contar con las propuestas del PSOE". Por su parte, los socialistas del Ayuntamiento de Rivas proponen que sea la Comunidad quien se encargue del censo y señala que la propuesta socialista "es más completa".

Por otro lado, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, dijo que el acuerdo alcanzado "evidencia que el enredo de competencias sobre la Cañada era una excusa" para no actuar.