La organización indicó en un comunicado que estos cambios tienen "el único objetivo de castigar a los medios de comunicación por una línea editorial considerada como contraria a las intenciones gubernamentales".
Así, RSF exigió a Venezuela que suspenda unas medidas "contrarias a los principios constitucionales fundamentales y a la jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión".
Según la organización, las reglas y las leyes que un gobierno cambia o vuelve a interpretar para imponer lo que considera como "la única verdad mediática posible" son las herramientas de una "cruzada ideológica ya empezada".
Por otra parte, el pasado 17 de julio comenzó la evaluación de la legalidad de difusión de 240 emisoras de radios, tras la que se espera el cierre de frecuencias consideradas ilegales por el Gobierno, acompañado por el decomiso de material de transmisión y por la prohibición de difusión durante cinco años.
RSF aseguró que los representantes de los medios de comunicación "ni siquiera han tenido la posibilidad de defender su caso públicamente y los criterios de revisión de las frecuencias no se hicieron públicos".
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, pidió el 3 de julio que la Asamblea Nacional adoptara una ley castigando los "delitos mediáticos", cuando los medios de comunicación provoquen "angustia, zozobra y pánico" en el seno de la población.
Esta petición es consecuencia, según la ONG, de la difusión de mensajes asociativos, difundidos en algunos canales y emisoras privadas, a favor de la propiedad privada.
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