El Gobierno anuncia un plan de transparencias para estadísticas oficiales

Tras la contundente derrota del oficialismo en las elecciones de junio y en medio de duras y generalizadas críticas sobre el manejo político del Indec, la presidenta Cristina Fernández firmó un decreto que ubica al organismo bajo la dependencia directa del ministro de Economía.

   El decreto, además, crea un consejo académico que evaluará las metodologías de la institución, redactará un informe y podrá elevar recomendaciones.

   "El objetivo es seguir trabajando en el fortalecimiento de la institución y poner fin a las controversias que se hayan generado en torno al organismo en los últimos meses", señaló el ministro de Economía, Amado Boudou, en rueda de prensa.

   El consejo académico de evaluación y seguimiento estará integrado por profesionales de tres universidades publicas nacionales, quienes revisarán la actuación del Indec desde 1999 y, en particular, evaluará la "aplicación y pertinencia" de la metodología aplicada en la medición de los datos de la inflación.

   El decreto presidencial también crea un consejo de observación económico y social, que estará integrado por representantes de la industria, el comercio y los servicios, los trabajadores y los usuarios y consumidores.

   La veracidad de los datos del Indec está cuestionada por la oposición, consultoras privadas y los propios trabajadores del organismo desde que el Gobierno introdujo cambios en la metodología de la medición de los precios al consumidor, en enero de 2007.

   Las modificaciones se hicieron luego de que el Gobierno resolviera intervenir el ente oficial y desplazar a funcionarios técnicos de áreas clave, que paulatinamente fueron sustituidos por otros a cargo del polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

   Amado Boudou confirmó hoy que Norberto Itzcovich, un hombre cercano a Moreno, seguirá en el cargo de director de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio del Indec.

   Según cálculos de consultores privados, la inflación "real" supera entre el doble y el triple a lo que informa el Indec.

   De acuerdo a los últimos datos oficiales difundidos, los precios acumularon en el primer semestre del año un alza del 2,7 por ciento, frente a una pauta oficial para este año del 8 por ciento y una proyección de economistas consultados mensualmente por el Banco Central del 6,9 por ciento.

   Economistas independientes coinciden en que la falta de datos fiables de inflación afecta a diversos campos de la economía, desde las negociaciones salariales hasta los valores de los alquileres inmobiliarios porque se ha roto el "termómetro" oficial para medir los precios.

   Sobre la base de los datos de inflación que difunde el Indec también se determina el rendimiento de buena parte de los bonos de deuda pública de Argentina, por lo que inversores, fondos y bancos se habían sumado a la presión para transparentar el organismo.

   Otros datos del Indec también están bajo sospecha, como el coste de la cesta básica y los niveles de pobreza e indigencia.

   Si bien los reclamos para normalizar el organismo no son nuevos, se endurecieron tras los comicios legislativos del pasado 28 de junio, en los que el oficialismo sufrió una dura derrota.