Según el Presidente en una de sus cadenas radiales de junio, cuando inició su gestión se encontraba “atado” por el presupuesto del gobierno anterior. Esto le impedía construir las obras que demandaba el país. Admitió entontes, que encontró la solución: violar la Constitución y la Ley de Contratación Pública eliminando los procedimientos precontractuales propios de toda adjudicación pública, al decidir que nos encontrábamos en emergencia.
Su portentosa capacidad intelectual omitió considerar un pequeño detalle: la Constitución exige, para poder declarar la emergencia ahora llamada “excepción”, la existencia de ciertos condicionamientos previos: agresión, conflicto armado internacional, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Ninguno de estos elementos se ha configurado, por lo cual las once emergencias en Petroecuador —donde, dicho de paso, su hermano tiene millonarias adjudicaciones— son violatorias de la Constitución.
Lo interesante no radica sólo en la inconstitucionalidad de las emergencias, sino en la torpeza de la solución, pues el Gobierno pudo —oportuna y fácilmente— hacer aprobar por su Asamblea de bolsillo una reforma de dos líneas a la Ley de Contratación Pública que simplemente expresara: “El Presidente dirige la Administración Pública. Por tanto, podrá disponer justificadamente la contratación directa de obras”.
La contratación directa hubiera sido entonces legalmente posible, sin necesidad de declarar ninguna emergencia violando la Constitución.
Tampoco era necesario que el país asumiera el costo del control del narcotráfico, cuando teníamos alguien que lo hiciera gratis.
No se puede –so pretexto de invocar la soberanía- trasladar semejante carga económica al pueblo del Ecuador, pues no existe ningún fundamento para que un país paupérrimo, sin alcantarillado, agua potable o caminos para los sectores marginales de la población y, en general, con pésimos servicios públicos, obsequie veinticinco millones de dólares a los fabricantes de avioncitos de juguete. Sólo porque los condicionamientos ideológicos de su Presidente le impiden aceptar que la labor de los extranjeros era eficiente, pero sobre todo, gratuita.
¿Fue entonces una adecuada decisión gubernamental la salida de los norteamericanos? Los gobernantes no son elegidos para realizar su cometido en forma mediocre o deficiente. De ahí que tienen la responsabilidad ineludible de realizar su labor en forma óptima, lo más cercana a la excelencia en la conducción del proceso de gobierno. Lo contrario denota ineptitud. ¿Estamos bien gobernados?
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