El Gobierno, mediante Decreto Ejecutivo, crea el Ministerio de Telecomunicaciones, aumentando el caos y la inseguridad jurídica por las incongruencias y por el desconocimiento total del derecho público.
El actual Gobierno, respaldado por un fallo de la auto llamada Corte Constitucional, implantó que no podían existir organismos que estén integrados por quienes debían ser controlados. Este nuevo Ministerio configura un abuso porque no pueden ser al mismo tiempo reguladores, administradores y controladores, prescindiendo del artículo 425 de la Constitución al abrogarse funciones del Conatel y fusionarlo con el Conartel. Así se modifica la Ley Especial de Telecomunicaciones, la Ley de Radio y Televisión prescindiendo de toda jerarquía jurídica.
En resumen, se repite la práctica del Gobierno de expedir decretos ejecutivos que claramente reforman tanto la Constitución como cuerpos legales, olvidándose que el artículo 227 de esa misma Constitución señala que en el derecho público únicamente se puede hacer lo que está expresamente permitido.
Las sociedades civilizadas parten de un aforismo legal inamovible y universal según el cual las cosas en derecho se deshacen de la misma forma en que se hacen, y por lo tanto si lo que se buscan es el control absoluto del Ejecutivo en la radio, televisión y las telecomunicaciones se requiere de una ley. Claro que el único fin es asumir el control absoluto de todo por el Presidente de la República convertido en amo y señor de todo, como claramente lo ha manifestado.